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Hace apenas unos días se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, en las que el actual presidente, Daniel Noboa, se impuso por un estrecho margen a la candidata del correísmo, Luisa González. Las encuestas anticipaban una victoria más holgada para Noboa; sin embargo, el resultado fue distinto, y hoy la segunda vuelta luce favorable para la izquierda ecuatoriana.
Al analizar en frío los resultados de estos comicios y compararlos con los de otros países como Venezuela, Bolivia, México e incluso Colombia, se evidencia una peligrosa tendencia que podría poner en jaque los sistemas electorales y vaciar de significado el ejercicio del voto libre. En Ecuador, casi todas las regiones registraron un empate técnico, pero las provincias donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen mayor presencia, y donde los ciudadanos viven bajo miedo y extorsión de grupos armados, apoyaron mayoritariamente a Luisa González.
Los datos reflejan que provincias con tasas de homicidio superiores al promedio de la región, como Manabí, Guayas, Ríos y El Oro, explican el resultado inesperado del pasado 9 de febrero. En estos territorios, González obtuvo 62 %, 48 %, 56 % y 49 % de los votos, respectivamente, cifras significativamente más altas en comparación con el resto del país.
En dichas regiones se reportaron numerosas denuncias de coacción a los votantes por parte de grupos armados. Según la firma británica Insight Crime, Ecuador se ha convertido en la principal autopista del tráfico de drogas en América Latina. La ola de violencia que atraviesa el país está estrechamente ligada al crecimiento exponencial del crimen transnacional en la región.
Lo preocupante no es solo la cantidad de vidas que cobra el crimen organizado, sino la peligrosa alianza entre la política de izquierda y estos grupos delictivos. Ejemplos claros se encuentran en Colombia, donde grupos armados controlan y ejercen presión política en ciertos departamentos; en Bolivia, donde Evo Morales es protegido en las zonas cocaleras; y en México, donde los cárteles del narcotráfico comienzan a influir en las instituciones políticas.
La combinación de ideología, política y crimen organizado constituye un cóctel nocivo para la democracia. Los venezolanos conocemos bien este problema, ya que investigaciones judiciales en Estados Unidos han revelado la existencia de un cártel de drogas en el propio Palacio de Miraflores, dirigido por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
En la acusación formal de Estados Unidos contra Maduro se menciona que, en 2006, cuando aún era canciller de Hugo Chávez, recibió cinco millones de dólares en ingresos provenientes del narcotráfico, a través de intermediarios vinculados a las FARC. Dicho dinero se utilizó posteriormente para adquirir equipos de extracción de aceite de palma provenientes de Malasia, en una sofisticada operación de lavado de activos.
En Bolivia, por ejemplo, el año pasado el ministro Eduardo del Castillo informó que se habían desmantelado 37 laboratorios de droga en todo el país, de los cuales el 80 % estaban en zonas controladas por Evo Morales.
El narcotráfico se ha convertido en el principal cáncer que amenaza el orden democrático en América Latina. El problema no es solo que el crimen organizado infiltre las instituciones, sino que logre apropiarse de todos los instrumentos de la democracia, incluido el voto.
Los países deben trabajar de manera conjunta para combatir este fenómeno, colaborando en materia judicial y penal, pero también en inteligencia y política, sin importar afinidades ideológicas.
La nueva administración de Estados Unidos se prepara para designar a un grupo de actores como organizaciones narcocriminales, lo que representa un primer paso en la lucha contra este problema. Sin embargo, esto no será suficiente. América Latina debe asumir el desafío y promover cambios legislativos y políticos que permitan dar una batalla definitiva contra esta amenaza.
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