La Furia Bolivariana contra Rocío San Miguel

Activistas y opositores protestan para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel este martes frente a la Embajada de España, en Caracas (Venezuela).

Foto: EFE - RAYNER PENA R

Eran las 2 de la tarde cuando, durante el acto del 4 de febrero de 1992 (fecha en la que un grupo de militares liderados por el teniente coronel Hugo Chávez protagonizó un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez), Maduro, lleno de ira, pronunció la frase “Activen la Furia Bolivariana”. Esta expresión, propia de la efervescencia del momento, no era más que una señal para que los cuerpos represores del régimen salieran a hostigar, perseguir y neutralizar a cualquier disidente.

En el ínterin, Maduro no ha guardado las formas. Ha resucitado, con sorprendente vistosidad, prácticas atroces que evocan el nazismo, el estalinismo y el régimen cubano. Todo comenzó con la detención de un sindicalista de la federación de maestros del estado Barinas (donde nació Hugo Chávez), por el simple hecho de protestar por mejores condiciones para los educadores, que apenas reciben 20 dólares al mes de salario. La ola de arrestos continuó con la detención arbitraria de Carlos Salazar, un ingeniero de 60 años que grabó a Alex Saab, el testaferro de Maduro, entrando a una tienda de ropa. Y el 10 de febrero pasado, en el aeropuerto principal del país, agentes del régimen secuestraron a Rocío San Miguel, una reconocida defensora de derechos humanos, por supuestamente estar implicada en una conspiración contra el dictador venezolano.

El caso de San Miguel ha sido el más destacado a nivel mundial, generando pronunciamientos en todas partes. Maduro no se contentó con secuestrarla, sino que también detuvo a otros cuatro familiares de la activista, recordando la táctica usada por los nazis conocida como Sippenhaft, que consistía en detener a familiares cercanos para presionar al disidente. Este arresto eleva significativamente el clima de persecución política en Venezuela, sentando un peligroso precedente para las elecciones presidenciales de este año. Al ser una activista de derechos humanos, con medidas cautelares de la Corte Interamericana, representar una voz femenina en el concierto de la sociedad civil venezolana y tener nacionalidad española, cualquiera pensaría que Maduro no se atrevería nunca a detenerla. Pero no… La dictadura parece haber cruzado un umbral de no retorno, disponiéndose a llevarse por el medio a cualquiera que se oponga a su sistema y abogue por unas elecciones presidenciales competitivas.

Tanto la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como la Misión de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han calificado la detención de San Miguel como una posible desaparición forzosa, ya que el régimen ocultó durante varios días su paradero, negando su arresto y su lugar de reclusión. Ante la denuncia pública de los organismos internacionales, Maduro respondió expulsando de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, empeorando aún más la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

Esta arremetida autoritaria se da en el contexto de un Maduro debilitado, tras las derrotas sufridas con el triunfo de María Corina Machado en elecciones primarias y la alta abstención en el referéndum del Esequibo. Maduro pudo experimentar allí el nulo apoyo popular que arrastra y cómo los mecanismos de chantaje social se agotaron frente a un pueblo que está decidido a salir de este régimen mediante elecciones justas y libres.

Por eso, el dictador se aferra a su “Furia Bolivariana” para mantener el control y desviarse de la ruta electoral, agravando la crisis democrática y todos los males que afectan a una Venezuela dominada por el crimen organizado. Por tanto, es más necesario que nunca ejercer presión internacional para detener la represión y encaminar al país hacia unas elecciones libres y justas en 2024, que incluyan la participación de María Corina Machado y garanticen condiciones mínimas para que el pueblo venezolano pueda expresarse con confianza en que su voluntad será respetada.

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