El fenómeno del crimen organizado en Latinoamérica es complejo por sus raíces, expresiones y consecuencias. En los últimos tiempos, ha pasado de ser un fenómeno focalizado en un grupo de naciones asediadas por el narcotráfico, las guerras entre grupos armados y la poca institucionalidad para garantizar el control del territorio, a ser un problema enquistado en toda la región. Es como una especie de cáncer que ya hizo metástasis y tiene rostros visibles en cada uno de los territorios de este lado del planeta. Por supuesto que este proceso de expansión guarda una estrecha relación con la erosión del sistema democrático venezolano. Venezuela pasó de ser un faro de luz frente al oscurantismo que representaba este flagelo y sus distintas manifestaciones, a ser hoy el principal puente de la droga que circula en la región, o a, mejor dicho, ser la meca del crimen en América.
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Para percatarse de lo que recién enuncio solo hay que ojear algunos datos. De acuerdo con la firma Ecoanalítica, una de las consultoras en materia macroeconómica más prestigiosas de Venezuela, el 22 % del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano depende de la economía ilegal. Es decir, de cada US$10 millones que produce nuestra economía, dos provienen de rentas ilegales que emanan de actividades como el narcotráfico, el contrabando de minerales, la trata de personas, el lavado de activos y la corrupción.
Es abominable solo pensar que casi 1/4 de nuestra economía depende del delito y no del esfuerzo, el trabajo digno y la creatividad de los venezolanos. Pero es el resultado de un régimen que le ha abierto las puertas de Venezuela a un conjunto de actores con prontuarios criminales y que ha hecho de la corrupción y el crimen organizado dos pilares del sostenimiento de un aparato dictatorial que liquida el sueño de libertad de 30 millones de venezolanos. Por lo anteriormente dicho, no es descabellado pensar que Venezuela dejó de ser una economía petrolera, para convertirse en una economía criminal.
Este crimen organizado con el que Maduro mantiene una alianza tiene diferentes rostros. Uno de sus más visibles está en pleno apogeo con la nueva clase económica encubada en la dictadura, la cual ostenta un nivel de vida muy distante del que lleva la mayoría de los venezolanos. Estos pseudoempresarios han conformado, a punta de corrupción y de lavado de dinero, una burbuja en un pequeño sector de la capital. Su estilo de vida lleno de opulencia, con yates de por medio, conciertos, grandes edificios sin huéspedes y vehículos de alta gama, es una ofensa al 90 % de los venezolanos que vive bajo el umbral de la pobreza, sin servicios públicos y sin acceso a un sistema de salud.
No obstante, esta casta no es la única vertiente del crimen organizado. Existe una que es incluso más fuerte y pujante, y que ha sido ampliamente documentada. Se trata de la presencia en Venezuela de grupos irregulares que se dedican a actividades criminales como el narcotráfico, el contrabando de oro en el Estado Bolívar, la trata de personas y el control de los territorios. Hablo de grupos como los ex-FARC, el ELN y el mismo Hezbolá, que han utilizado a Venezuela no solo como refugio para planificar operaciones de desestabilización de la región, sino también como su centro de enriquecimiento. Estas organizaciones criminales hacen las veces de Estado en muchas regiones de Venezuela, sometiendo a la población a través de la violencia, controlando pasos fronterizos y cobrando vacunas a todos los microempresarios. Es así como Maduro les ha otorgado licencia para cometer todo tipo de vejámenes, a cambio de recursos económicos provenientes de estas operaciones ilícitas.
En tal sentido, no es exagerado apuntar que Venezuela es hoy el paraíso del crimen organizado en el hemisferio occidental, ya que no solo es un territorio que sirve de refugio para estas actividades, sino que existe toda una institucionalidad montada para potenciarlas. Es decir, existe todo un andamiaje institucional y político que se encuentra postrado a estas actividades ilegales y que no encuentra resistencia por el desmantelamiento de la justicia. Es una especie de superestructura que se fundamenta en hechos concretos, como el de un avión venezolano-iraní que estuvo en la Triple Frontera, uno de los territorios de mayor afluencia de organizaciones delictivas de Sudamérica, y que ahora ha sido retenido en el Aeropuerto de Argentina porque uno de los miembros de su tripulación presenta conexiones con grupos terroristas. Pero ese no es el único ejemplo, hay que recordar que desde Venezuela se emitieron más de 10.000 pasaportes a personas del Medio Oriente, algunas vinculadas con el grupo Hezbolá.
Es así como el caso de Venezuela presenta síntomas desconocidos en la región. En la mayoría de los países la institucionalidad lucha contra este fenómeno del crimen organizado, pero en Venezuela las instituciones lo protegen y lo fomentan. Es un cuadro crítico para la mayoría de las democracias de este lado del mundo, porque el crimen está lejos de ser un fenómeno reduccionista. Por el contrario, es expansionista. No se conforma con tomarse una parcela, su propósito superior es tomarse todo un territorio hasta llegar a tomarse un país entero, para en definitiva poner, como en el caso venezolano, la justicia y las reglas de juego democrático a su servicio. Es un desafío que no se puede encapsular, como seguramente muchos quisieran. Su propia dinámica conduce a que para sobrevivir necesita conexiones y es por eso que se esparce, dando al traste con fronteras, legislaciones y acuerdos políticos. El crimen organizado ya penetró el poder en Venezuela y está echando raíces en el resto de la región.
