Si hace unos años alguien hubiera dicho que Venezuela iba a escribir su nombre en las páginas de más sangrientas de la historia de América Latina, todo el mundo hubiera dicho eso es imposible. Si alguien hubiera advertido que el proyecto chavista culminaría en un episodio de dictadura, con un expediente de crímenes de Lesa Humanidad y un fuerte componente de crimen organizado, todo el mundo hubiera saltado y dicho eso no es posible. Si alguien hubiera adelantado que en Venezuela se iba a recrear el relato de torturas, tratos crueles y persecución que muchos latinoamericanos conocieron de primera mano y que los obligó a buscar refugio en otras latitudes, hasta los más pesimistas hubiera dicho imposible. El escepticismo con el caso venezolano era normal, pues nadie, ni en sus peores pensamientos, se pudo imaginar que un sistema totalitario como el que vivimos se podría instalar en el corazón de América, menos en el siglo XXI y menos todavía en un país que era ejemplo de convivencia democrática para el mundo. Pero para sorpresa de muchos ha ocurrido y, lo que es todavía peor, cada vez perdemos la capacidad de asombro ante la ignominia a la que han llegado quienes secuestraron el poder en Venezuela.
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Esta misma semana la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha publicado un informe que revela la cara más feroz de la dictadura de Nicolás Maduro. Se trata de un escrito que relata cómo a lo interno de los organismos de inteligencia venezolanos se practican torturas y tratos crueles contra ciudadanos inocentes, que el único delito que han cometido es hacer oposición al régimen. Para leer este informe de la Misión de la ONU casi que la sangre no debe correr por nuestro cuerpo, porque es tan escalofriante que cuesta creer que una persona pueda someter a otra a unos actos tan degradantes por el simple hecho de no compartir un ideal político. Es como si la conciencia se hubiera extinguido y hubiera dado paso a la deshumanización, a la barbarie y a la bestialidad en su máxima expresión.
Los prisioneros del régimen de Maduro son víctimas de prácticas que parecían extinguidas en el mundo. Una de las víctimas narró a la Misión de la ONU que fue sometida a asfixia con bolsa de plástico para que admitiera que había financiado a figuras de la oposición venezolana. Otras personas entrevistadas contaron que fueron expuestas a asfixia con barriles de agua, descargas eléctricas, golpes en las costillas, prohibición de la alimentación, negación de la luz natural, goteo de agua durante toda la noche y violencia sexual para que accedieran a emitir declaraciones autoincriminatorias. Incluso, una mujer, que fue víctima de violencia sexual, terminó abortando por la acción de los esbirros del régimen. Por si esto fuera poco, en uno de los capítulos del informe, un exfuncionario de inteligencia de Venezuela señala que el mismo dictador Maduro le pidió sembrar evidencias contra una persona que buscaba que fuera detenida.
La crudeza con la que se cuentan los hechos en el informe es uno de los asuntos más importantes. Al igual que lo es el tema de la cadena de mando. Pues por primera vez en estos 22 años, se identifica y responsabiliza a una cadena de mando de las masivas violaciones a los DD. HH. en Venezuela, exponiendo no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales. Es decir, es una cadena de mando que va desde la cabeza hasta los ejecutores. En tal sentido, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Delcy Rodríguez aparecen señalados como los que emitieron las órdenes para que se llevaran a cabo estas atrocidades, y varios funcionarios de la policía política de la dictadura aparecen identificados como los que ejecutaron dichas instrucciones. Lo más relevante de este paso es que para la ONU ya se asume que estos eventos no fueron hechos fortuitos, ni conductas aisladas de los torturadores, fueron parte de un patrón. En otras palabras, fueron parte de un sistema que promueve las violaciones a los DD. HH. y cuyo máximo exponente es Nicolás Maduro.
El haber identificado una cadena de mando con una jerarquía es un paso fundamental para la justicia que el pueblo venezolano anhela. Es así como este informe de la Misión de la ONU debe servir para que el proceso de la Corte Penal Internacional siga su curso y desemboque en la justicia que hoy no existe en Venezuela y que es necesaria para reparar a las víctimas de tantos atropellos.
Un último elemento que vale la pena destacar del reporte, y que llevamos muchos años denunciando, es el papel de Cuba como cerebro político de toda esta operación de persecución que se ha instalado en Venezuela. Los agentes cubanos están ejerciendo funciones de dirección dentro de los organismos de inteligencia venezolanos, reciclando las tácticas represivas que durante más de medio siglo se han aplicado en la isla para socavar los sueños de liberación del pueblo cubano. El documento además agrega que los cubanos son quienes interrogan a los prisioneros políticos y en muchos casos, han trasladado a funcionarios de la policía política de Maduro a Cuba para entrenarlos.
Después de este informe nadie puede decir que no sabía que en Venezuela había una máquina de violación de DD.HH. Nadie puede esconderse detrás de un ropaje ideológico o de un objetivo comercial para eludir la condena a un régimen que trasgredió todos los principios que protegen los derechos más elementales de los individuos. Quien decida mirar a un costado o hacerse la vista gorda frente a este drama de proporciones inéditas en América Latina, cargará con el peso de la historia y con el terrible legado de haber contribuido a que los crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela se perpetraran y prolongaran. Justamente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el marco de la Asamblea General de la ONU, declaró que le enoja que la izquierda no condene las violaciones a los DD.HH. en Venezuela y Nicaragua. Viniendo de un presidente joven, que se autodenomina como progresista, es esta una posición firme y coherente, que va a la yugular del debate. La tragedia venezolana no puede seguir viéndose como un conflicto ideológico entre dos partes, es un drama humano. Se trata de un país donde no existen DD.HH., donde lo más elemental que es la dignidad humana no es respetada. La izquierda democrática debe deslindarse por completo, y no solo por un interés electoral, de Maduro. Hago votos porque este informe contribuya a que cesen las diferencias que hay sobre Venezuela y se pueda construir una causa común en favor de quienes están sufriendo en manos de una dictadura oprobiosa.
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