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29 Jul 2022 - 9:12 p. m.

Zonas de corruptos especiales

Julio Borges

Julio Borges

Columnista internacional

Bajo un clima rodeado de aduladores que se erigen como los representantes de la nueva casta empresarial conectada a los privilegios del poder, cuya silueta se asemeja a la de los famosos oligarcas rusos, Nicolás Maduro anunció con bombos y platillos la promulgación de una supuesta Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE). El concepto de ZEE proviene de China, fue aplicado a partir de 1970, como parte del programa de modernización y desarrollo económico comenzado por Deng Xiaoping, luego del periodo de hambruna que se vivió bajo el régimen de Mao Zedong. Las ZEE se diferenciaban del resto de China porque eran zonas donde el Estado adoptaba políticas de libre mercado, levantando los controles estatales que afectaban la producción de bienes y servicios y la captación de inversión extranjera directa.

Precisamente, el régimen de Maduro sostiene que el propósito principal de esta ley es crear condiciones especiales para atraer inversiones internacionales. Paradójico que un régimen que despilfarró más de un billón de dólares provenientes de los ingresos petroleros, que condujo a la economía a perder 90 % de su tamaño y que expropió miles de empresas, ahora reconoce la necesidad de inversión en el país. Como si esta debacle económica no hubiera comenzado hace más de 20 años y como si ellos no fueran los responsables.

Ahora bien, Maduro suscribe esta ley en su esfuerzo propagandístico de hacer creer que Venezuela se arregló y que este es un paso más hacia la ansiada recuperación económica. Una burda manipulación, que pone a la verdad en terapia intensiva. Maduro habla como si Venezuela estuviera en condiciones reales para recibir capitales extranjeros, como si los servicios públicos funcionaran o como si Venezuela se hubiera reinsertado en el concierto internacional.

Existen un sinfín de razones para decretar que bajo el actual régimen estas zonas económicas están condenadas al fracaso. Lo primero, y que pareciera obvio, es la institucionalidad. En un país gobernado por régimen dictatorial, que ha sepultado el Estado de derecho y la institucionalidad democrática, resulta una utopía pensar que empresarios serios se aventurarán a invertir. No existen garantías jurídicas y políticas que promuevan la confianza en los inversionistas. Cualquiera puede ser matraqueado por un funcionario policial o un burócrata estatal o cualquiera puede ser víctima de una confiscación o expropiación.

Lo segundo es el tema económico. Venezuela sigue siendo el país con mayor inflación del mundo. Para junio de este año la cifra se ubicaba en 170 %. Pero eso no es todo, los salarios que devenga la población son de hambre, se ha perdido más del 90 % del aparato productivo y, por si fuera poco, nuestro principal motor de crecimiento, llámese el petróleo, no lo estamos aprovechando por el colapso al que este régimen llevó a la industria de los hidrocarburos.

Por último y no menos importante, nos falta esgrimir las razones de peso estructural. Supongamos que los empresarios decidieron ignorar las otras razones, y decidieron colocar sus fondos en Venezuela. La pregunta del millón sería: ¿cómo van a poner a andar sus negocios en un país donde constantemente hay apagones eléctricos y cortes de agua? ¿Cómo harán para trabajar en un país que está desconectado por falta de combustible, líneas áreas y deterioro vial? Son preguntas que evidentemente dejan claro que no solo se trata de un tema de institucionalidad y de economía, se trata de un asunto estructural.

Ante este panorama, no se requiere tener dotes de vidente para saber que las zonas económicas de Maduro no traerán ningún tipo de beneficio al país, no romperán con el ciclo de empobrecimiento e inflación que desde hace años arrastramos. Lo más probable es que esto solo le sirva a Maduro y a su selecto grupo de corruptos para, por un lado, blanquear, sin control de ningún tipo, inmensos recursos provenientes de actividades ilícitas como el contrabando de minerales, el narcotráfico y la corrupción estatal; y por otro, alimentar el famoso mito de que Venezuela se arregló y que ahora nuestro país es un destino propicio para invertir.

Los venezolanos y la comunidad internacional no pueden servir de carne de cañón para esta bazofia que pretende mercadear Maduro, sosteniendo su espejismo en edificios despampanantes en el este de Caracas, restaurantes de lujo, vehículos de alta gama y mercados repletos de exquisiteces incomparables. Un estilo de vida al que 99 % de los venezolanos no puede acceder, donde el derecho de admisión solo puede ser ejercido por los amigos del régimen, que han hecho fortuna mal habida y que bendicen esta ley de Zonas Económicas Especiales porque les promete un paraíso mafioso.

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