El gobierno del presidente Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro suscribieron un memorándum de entendimiento para la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en la frontera. “Estamos avanzando en la hoja de ruta para concretar el sueño del Libertador, la patria grande, de unir a nuestros pueblos”, afirmó Delcy Rodríguez al anunciar la iniciativa.
Pero vayamos al origen. ¿Qué son, en realidad, las Zonas Económicas Especiales?
La Ley de Zonas Económicas Especiales fue aprobada en 2022 por la Asamblea Nacional controlada por el madurismo, sin participación de actores independientes ni consulta pública alguna. Se trata de un instrumento jurídico hecho a la medida del régimen, que le permite entregar concesiones sobre recursos naturales a potencias extranjeras sin transparencia, sin control institucional y bajo acuerdos de confidencialidad. Es una legislación diseñada para gobernar sin rendir cuentas.
Hasta la fecha, el régimen venezolano ha decretado cinco ZEE: Paraguaná (Falcón), Isla La Tortuga, Aragua, Puerto Cabello-Morón (Carabobo) y La Guaira. En esta última, por ejemplo, se firmó recientemente un convenio con Irán para instalar una fábrica de fibra óptica. Pero en un país sin organismos autónomos de control, sin acceso público a los contratos y con una institucionalidad erosionada, ese tipo de acuerdos puede encubrir cualquier operación: desde lavado de dinero hasta transferencia tecnológica con fines militares.
Las ZEE en Venezuela son territorios jurídicamente excepcionales, donde las reglas del juego se alteran a conveniencia del poder. En muchas de estas zonas, la legislación nacional no aplica. Los derechos laborales se relativizan, las normas ambientales se debilitan, las exenciones fiscales se vuelven la norma y el principio de soberanía se desdibuja. Son espacios diseñados para atraer capitales que no quieren reglas, sino garantías absolutas de impunidad.
¿Por qué apela Maduro a las ZEE? Por una razón tan evidente como alarmante: la urgencia desesperada de captar recursos. Con una industria petrolera colapsada, sanciones internacionales vigentes y una economía sin acceso a crédito formal, el régimen ha decidido abrir sus territorios —y los recursos que contienen— a potencias aliadas como China, Rusia, Irán y Turquía. El costo de esa apertura no es solo económico, sino político, social y ético: se trata de entregar porciones del país a cambio de supervivencia.
El nuevo acuerdo binacional con Colombia adquiere una dimensión aún más preocupante al considerar el contexto geográfico donde se implementaría. La frontera colombo-venezolana no es solo una línea geopolítica. Es una de las más porosas y violentas del planeta, controlada en gran parte por redes de crimen organizado. En lugar de pacificación o institucionalidad, lo que se ha instalado allí es una economía paralela gobernada por armas y extorsión.
Según la organización FundaRedes, al menos 40 grupos armados operan en estas zonas fronterizas. Entre ellos se encuentran disidencias de las FARC, el ELN, bandas paramilitares, megabandas y carteles transnacionales. Esta arquitectura criminal actúa con la anuencia —y a veces complicidad— de sectores del Estado venezolano. Lo hacen impunemente: secuestrando, asesinando y extorsionando a las comunidades más vulnerables de ambos lados de la frontera.
En este contexto, una Zona Económica Especial binacional no es un polo de desarrollo: es una puerta giratoria para el delito, un escudo legal para el despojo, un experimento de soberanía degradada. Más que integración, lo que se está incubando es una convergencia peligrosa entre intereses geopolíticos, criminalidad organizada y capitales oscuros.
Lo que se juega en la frontera no es solo una política económica, sino la definición misma de lo que significa tener un Estado. Frente a esto, ni Colombia puede mirar hacia otro lado, ni Venezuela puede seguir siendo un laboratorio de impunidad global.
Por eso hemos sostenido que la única forma de que en Colombia haya paz verdadera, es que en Venezuela retorne la democracia. La salida al poder de las mafias en la frontera pasa necesariamente por el desmantelamiento de las mafias que hoy ocupan el poder en ambos países. No habrá frontera segura si los gobiernos siguen siendo parte del problema y no de la solución.
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