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La paz podría generarse en ciudades que fueran modelo de sustentabilidad ecológica, de convivencia social, de creatividad y de competitividad económica. Lo que está sucediendo en la frontera es muestra de que esas ciudades no existen ni en Colombia ni en Venezuela.
Me preocupa que el porvenir del posconflicto esté reduciéndose a lo que se pueda hacer en el campo. Los ecosistemas colombianos son extraordinariamente complejos y su productividad económica tiene límites; existen umbrales de rentabilidad a los cuales nos estamos acercando, como se nota en varios subsectores productivos agropecuarios.
En las ciudades actuales la segregación social, la inseguridad, la falta de empleo, la pobreza, la corrupción y la contaminación generan situaciones insostenibles.
La situación en las ciudades se refleja en el dato publicado recientemente acerca de los bogotanos: más de un 40% quisiera irse a vivir a otra parte, tres millones de personas piensan que la capital en donde se concentra el poder y el dinero de la Nación no es buen lugar para vivir.
Pienso que el país tiene la obligación de proporcionar a esas personas una alternativa válida y que esa alternativa no la encontrarán en ninguna de las cuatro ciudades más grandes, en las cuales encontrarán problemas de calidad de vida semejantes.
La red actual de ciudades es el resultado de decenios de guerra, corrupción y narcotráfico, y es lógico pensar que para construir la paz es necesario modificar los patrones de poblamiento urbano que hasta el momento no han facilitado el bienestar ciudadano.
Algunos sectores empresariales están reaccionando ante esa situación. La relocalización industrial tantas veces recomendada se está produciendo lentamente con unos pocos movimientos hacia la región Caribe y allí también aumentan las actividades de construcción de vivienda. Sin embargo, la mayor parte de estos movimientos se focaliza en las tres ciudades principales. En Cartagena, Barranquilla y Santa Marta se concentran el interés de los inversionistas y la mayoría de las migraciones de población, generando problemas semejantes a los que se presentan en Bogotá.
En Córdoba, Sucre y Urabá las características ambientales favorables apenas ahora empiezan a interesar a los inversionistas urbanos. Esas características deberían también motivar al Departamento de Planeación Nacional y a los ministerios de Ambiente y de Vivienda para establecer una política pública que facilite construir escenarios urbanos modelos en donde sea posible consolidar la paz.
