Buena parte de las 178.000 hectáreas deforestadas el año pasado tienen dueño; las otras son baldíos que deberían ser protegidos por el Estado. Afortunadamente, y gracias a sus nuevos instrumentos, el Ideam sabe ahora dónde queda cada hectárea deforestada. Ese nuevo conocimiento debería usarse para establecer responsabilidades y proceder a restaurar esas partes específicas de nuestro patrimonio ecológico.
Dar prioridad a reponer el bosque en esas hectáreas recién deforestadas podría constituirse en un ejemplo para los propietarios, los poseedores, las organizaciones étnicas y los agentes estatales que tienen la obligación de cuidar ese patrimonio. Tratar de reponer cada año lo perdido en el anterior en los mismos sitios en donde se tumbaron los bosques tendría varias ventajas.
En primer término, divulgar quiénes son las personas o instituciones propietarias o poseedoras enviaría un mensaje a todos los colombianos y reviviría lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, en donde se lee que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”.
La función ecológica constitucional de la propiedad es el arma fundamental de la gestión ambiental territorial en Colombia. En este momento, los propietarios que deforestan o permiten por omisión que se deforesten sus predios deberían ser avisados de que están infringiendo la Constitución Política.
En segundo término, la oportunidad debe aprovecharse para que todos los colombianos sepamos en qué municipios se realizaron esos procesos de deforestación y podamos así pedirles cuentas a las autoridades locales y regionales. Los concejos municipales tienen entre sus funciones, según el artículo 313 de la misma Constitución, la de “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. El alcalde debe hacer cumplir esas normas con la cooperación de la corporación autónoma regional correspondiente. No recuerdo que a ninguna autoridad le hayamos pedido cuentas acerca de los bosques naturales de su municipio o de su región.
El Gobierno Nacional, asesorado por el Ideam, podría dar ejemplo de responsabilidad y efectividad si en estos meses liderara campañas para que en cada municipio deforestado el año pasado propietarios, poseedores, organismos étnicos y autoridades locales repusieran por lo menos los árboles perdidos por sus municipios.
* Miembro de La Paz Querida.
Buena parte de las 178.000 hectáreas deforestadas el año pasado tienen dueño; las otras son baldíos que deberían ser protegidos por el Estado. Afortunadamente, y gracias a sus nuevos instrumentos, el Ideam sabe ahora dónde queda cada hectárea deforestada. Ese nuevo conocimiento debería usarse para establecer responsabilidades y proceder a restaurar esas partes específicas de nuestro patrimonio ecológico.
Dar prioridad a reponer el bosque en esas hectáreas recién deforestadas podría constituirse en un ejemplo para los propietarios, los poseedores, las organizaciones étnicas y los agentes estatales que tienen la obligación de cuidar ese patrimonio. Tratar de reponer cada año lo perdido en el anterior en los mismos sitios en donde se tumbaron los bosques tendría varias ventajas.
En primer término, divulgar quiénes son las personas o instituciones propietarias o poseedoras enviaría un mensaje a todos los colombianos y reviviría lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, en donde se lee que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”.
La función ecológica constitucional de la propiedad es el arma fundamental de la gestión ambiental territorial en Colombia. En este momento, los propietarios que deforestan o permiten por omisión que se deforesten sus predios deberían ser avisados de que están infringiendo la Constitución Política.
En segundo término, la oportunidad debe aprovecharse para que todos los colombianos sepamos en qué municipios se realizaron esos procesos de deforestación y podamos así pedirles cuentas a las autoridades locales y regionales. Los concejos municipales tienen entre sus funciones, según el artículo 313 de la misma Constitución, la de “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. El alcalde debe hacer cumplir esas normas con la cooperación de la corporación autónoma regional correspondiente. No recuerdo que a ninguna autoridad le hayamos pedido cuentas acerca de los bosques naturales de su municipio o de su región.
El Gobierno Nacional, asesorado por el Ideam, podría dar ejemplo de responsabilidad y efectividad si en estos meses liderara campañas para que en cada municipio deforestado el año pasado propietarios, poseedores, organismos étnicos y autoridades locales repusieran por lo menos los árboles perdidos por sus municipios.
* Miembro de La Paz Querida.