El tesoro bogotano perdido

Mientras elegimos a otro alcalde y a otros concejales, los personajes actuales, los que dejarán sus cargos en diciembre, están decidiendo acerca del tesoro mayor de Bogotá: las tres mil hectáreas de suelos planos, con alta fertilidad natural y más de 900 milímetros anuales de lluvia que quedan al norte, más allá de la Reserva Van der Hammen junto a la ciudad.

El proyecto del POT presentado por Peñalosa y acordado a las carreras con la CAR de Cundinamarca determina que esta área, que es hoy rural, quedaría transformada en suelo de expansión urbana. El acuerdo hecho entre funcionarios de las dos entidades logró así aumentar automáticamente el capital de los propietarios de esas tres mil hectáreas planas, las cuales hoy se venden como hectáreas rurales y podrán ser vendidas por metros cuadrados urbanos al día siguiente de ser aprobado el POT o establecido por decreto distrital, como es lo más probable. Sin embargo, el tema no está entre los que hoy se discuten en la contienda electoral bogotana ni en las elucubraciones principales de los medios acerca del POT.

Se dirá que esta rápida creación burocrática de un tesoro de finca raíz es necesaria para proporcionar vivienda a los millones de bogotanos futuros, y también se ha dicho que esta ampliación del suelo urbano es imprescindible para disminuir el costo de la vivienda. No me cabe duda de que en algún momento un economista ortodoxo demuestre que este acuerdo significa a la larga un incremento del producto natural bruto del Distrito Capital. Todo es posible en las visiones económicas teóricas, pero el problema es otro; el problema es que el patrimonio ecológico y agropecuario del DC será convertido en capital urbano privado y que con esta acción se da ejemplo y vía libre para que los demás alcaldes y concejos que toman decisiones sobre la sabana de Bogotá hagan lo mismo y así en pocos años desaparezca uno de los ecosistemas de mayor productividad agropecuaria potencial de Colombia y, sin duda, uno de los más bellos del planeta.

El gran problema es que dado el acuerdo entre el Distrito y la CAR, y teniendo en cuenta la situación política, los intereses electorales y las enormes ganancias potenciales de los propietarios es muy poco lo que hoy se puede hacer para evitar esta pérdida irreversible e irreparable.