¿Es un delito salvar la sabana?

El Ministerio de Vivienda denunciará penalmente al alcalde de Cajicá por haber suspendido la expendición de licencias de construcción que están acabando con las aguas, los suelos, el paisaje y la vocación agrícola de su municipio.

En esa misma semana, el Presidente de la República dijo que las nuevas generaciones necesitan un “país verde”, Simón Gaviria informó que el conflicto cada año destruye ecosistemas por valor de 7 billones de pesos, el ministro de Ambiente anunció que para la paz modificará la estructura institucional del SINA, el ministro de Agricultura insistió en la necesidad de producir más, el director de la Corporación Regional del Nare mostró que pagando los servicios ambientales se pueden salvar los ecosistemas y un empresario innovador, Nicolas Cock , asombró a un auditorio de especialistas explicando cómo Colombia podría ponerse a la cabeza de la producción ecológica.

Todo lo anterior muestra que es necesario que las políticas ambientales influyan con mayor vigor en ministerios que las tratan como algo marginal, como teorías que no deben influir en sus objetivos. Es difícil creer que en Vivienda todavía no acepten que es ilegal promover la construcción en la sabana de Bogotá, protegida por el Artículo 61 de la ley 99 de 1993, norma que desarrolló las funciones ecológicas de la propiedad establecidas en el Artículo 58 de la Constitución Política y que proporcionó a las autoridades municipales instrumentos para aplicar lo dicho en los artículo 65 y 313. El alcalde de Cajicá lo que hizo fue restablecer lo ordenado en la ley para evitar un daño mayor que el ya producido por interpretaciones equivocadas de lo establecido en la ley 388.

Cumpliría mejor Vivienda lo establecido en la Constitución y lo indicado por la Presidencia y el DNP si multiplicara los nuevos intentos de construir ambientes urbanos ecológicamente sostenibles, integrados y competitivos lejos de Bogotá. Me refiero, por ejemplo, a las 10 “Kapitales” indígenas que está construyendo el ejército nacional en Urabá y Córdoba para apoyar las comunidades emberá, zenú y tule; a la nueva ciudad recreativa y universitaria que un grupo empresarial con el apoyo de la Universidad de los Andes diseñó y ya construye entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla, y a los grupos de especialistas que están definiendo los municipios en donde sí se debe aumentar la construcción de vivienda, como sucede en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.