Esto lo permitiría un decreto socializado por el Ministerio de Comercio y Turismo. En un parágrafo agregado al Artículo Séptimo de este proyecto se establece que en los parques “se podrán construir nuevas infraestructuras para el alojamiento y servicios de hospedaje y plantas turísticas”. En el artículo final del proyecto de decreto se deroga el Artículo 5 de la resolución 531 del año 2013, que prohibía expresamente la construcción de estructuras privadas permanentes en donde durmieran algunos visitantes privilegiados de los parques.
Esta medida significaría un grave paso atrás en una política muy acertada establecida por la administración Santos para evitar la contaminación de las playas del Parque Tayrona y el deterioro de sus paisajes y para reforzar la política de libre acceso y no exclusión por razones económicas de los visitantes a las áreas protegidas que cumplan con las normas ambientales.
La contaminación y en general el deterioro ambiental producidos por infraestructuras privadas permanentes dentro de los parques es un proceso de muy difícil control y el deterioro de los paisajes naturales por esas estructuras es casi inevitable. Cuando se otorgan concesiones en las áreas protegidas, inmediatamente surgen las confrontaciones entre los intereses públicos y los de los privados que han invertido en esas estructuras y que por lo tanto exigen adecuados rendimientos a sus inversiones. En general estas confrontaciones suscitan procesos de corrupción y concluyen en la exclusión de los visitantes de menores recursos económicos, convirtiéndose así el parque en un instrumento de deterioro ecológico y segregación social en lugar de un escenario de integración nacional.
Modificar la política establecida por el Ministerio del Ambiente en el 2013 significa facilitar la privatización de las áreas más atractivas para el turismo en los parques más bellos del país. Se alega que esto ocurre en otros países, pero no se menciona que en casi todos esos países se están cerrando los pocos que fueron autorizados. En realidad ningún turista culto o medianamente informado aspira hoy a despertarse en medio de un parque, sino a visitarlo con respeto a la vida silvestre que ahí sobrevive.
Lo que se proyecta es lo más fácil para atraer a unos pocos inversionistas, pero es también la forma más rápida de destruir los parques y al final puede que se obtengan más divisas, no muchas, pero se corre el riesgo de perder un capital natural que se ha protegido mediante enormes esfuerzos.
Esto lo permitiría un decreto socializado por el Ministerio de Comercio y Turismo. En un parágrafo agregado al Artículo Séptimo de este proyecto se establece que en los parques “se podrán construir nuevas infraestructuras para el alojamiento y servicios de hospedaje y plantas turísticas”. En el artículo final del proyecto de decreto se deroga el Artículo 5 de la resolución 531 del año 2013, que prohibía expresamente la construcción de estructuras privadas permanentes en donde durmieran algunos visitantes privilegiados de los parques.
Esta medida significaría un grave paso atrás en una política muy acertada establecida por la administración Santos para evitar la contaminación de las playas del Parque Tayrona y el deterioro de sus paisajes y para reforzar la política de libre acceso y no exclusión por razones económicas de los visitantes a las áreas protegidas que cumplan con las normas ambientales.
La contaminación y en general el deterioro ambiental producidos por infraestructuras privadas permanentes dentro de los parques es un proceso de muy difícil control y el deterioro de los paisajes naturales por esas estructuras es casi inevitable. Cuando se otorgan concesiones en las áreas protegidas, inmediatamente surgen las confrontaciones entre los intereses públicos y los de los privados que han invertido en esas estructuras y que por lo tanto exigen adecuados rendimientos a sus inversiones. En general estas confrontaciones suscitan procesos de corrupción y concluyen en la exclusión de los visitantes de menores recursos económicos, convirtiéndose así el parque en un instrumento de deterioro ecológico y segregación social en lugar de un escenario de integración nacional.
Modificar la política establecida por el Ministerio del Ambiente en el 2013 significa facilitar la privatización de las áreas más atractivas para el turismo en los parques más bellos del país. Se alega que esto ocurre en otros países, pero no se menciona que en casi todos esos países se están cerrando los pocos que fueron autorizados. En realidad ningún turista culto o medianamente informado aspira hoy a despertarse en medio de un parque, sino a visitarlo con respeto a la vida silvestre que ahí sobrevive.
Lo que se proyecta es lo más fácil para atraer a unos pocos inversionistas, pero es también la forma más rápida de destruir los parques y al final puede que se obtengan más divisas, no muchas, pero se corre el riesgo de perder un capital natural que se ha protegido mediante enormes esfuerzos.