Muchos urbanistas piensan que es imposible detener el crecimiento de Bogotá por más normas que se establezcan.
Coincido en dos cosas con algunos de ellos: en que la administración distrital sola no puede detener la multitud de inmigrantes, menos disminuir la fertilidad de las bogotanas, y en que la tendencia actual es el aceleramiento de ese crecimiento; pero pienso que hay cosas que la Nación, la región y el Distrito, juntos, deben y pueden hacer para disminuir la tasa de crecimiento de la capital.
No será fácil. Esa es la tendencia actual de la migración y del crecimiento inercial, pero evidentemente la solución no está en urbanizar 1.500 hectáreas atravesadas, según Thomas van der Hammer, por la estructura ecológica principal de la altiplanicie. Los estudios hechos durante 2010 y 2012 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, especialistas de la Universidad Nacional y de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, demostraron que en realidad esa zona constituye parte fundamental del patrimonio ecológico del Distrito y como tal debe ser protegido por parte de las autoridades distritales.
Pero proteger sólo esas 1.500 hectáreas no es suficiente si se quiere tener en la altiplanicie una reserva significativa para asegurar el consumo de agua, la oferta de energía, la nutrición de los habitantes de Bogotá, y mantener su potencial de recreación, para lo cual el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que tiene plena vigencia, estableció que la destinación prioritaria de ese territorio es agropecuaria y forestal.
Habría entonces que proteger en los municipios de la Sabana las tierras planas que todavía no están urbanizadas, aproximadamente 80.000 hectáreas que deben permanecer como reserva para la producción de alimentos, el manejo del agua y la recreación. Para eso, el Distrito, los municipios de la Sabana, la CAR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrían aliarse en torno a dos políticas: la protección real de los suelos agropecuarios y el ofrecimiento de alternativas para la construcción de vivienda.
Existe en la legislación un instrumento muy robusto para proteger los suelos agropecuarios: la creación de distritos de conservación de suelos. La CAR podría hacerlo con fundamento en los estudios ya elaborados por el Instituto Geográfico.
Quedaría por resolver la demanda insatisfecha de tierras para urbanizar. Algunas podrían encontrarse en el centro ampliado, como lo propone la actual administración distrital, pero en el largo plazo la única alternativa es dirigir la demanda de las parejas jóvenes hacia otros municipios cercanos a los mercados internacionales, en donde existan áreas planas poco fértiles y no inundables, agua no contaminada en cantidad suficiente y disposición sociocultural para integrar la sociedad. Esa política sólo podría ser liderada por Planeación Nacional y podría estar orientada por dos ideas: el país puede ofrecer alternativas urbanas mejores que Bogotá y ofrecer esas alternativas genera beneficios económicos, sociales y ecológicos.
* Exdirector del Inderena
