¿Quién protege el patrimonio ecológico de la nación? ¿Quién defiende a terceros sin capacidad de representación jurídica cuando un proyecto, público o privado disminuye su calidad de vida, o afecta su salud y le ocasiona pérdidas de sus ingresos o de su patrimonio?
¿Quién paga daños y perjuicios cuando un tercero ocasiona un impacto ambiental? ¿Acaso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es capaz de tomar esas responsabilidades? ¿Acaso esos problemas se solucionan disminuyendo el tiempo de estudio de las licencias ambientales?
Sería bueno saber si la ANLA se siente realmente capaz de afrontar tamañas responsabilidades. Para los colombianos sería interesante conocer cuáles proyectos fueron aprobados en los últimos doce años, cuáles fueron negados y cuáles han sido las consecuencias de esta actividad estatal que puede haber ocasionado problemas como la contaminación del aire y del agua, la disminución de caudales de las aguas públicas, la inestabilidad de laderas, riberas y costas, la erosión y compactación de suelos agrícolas, la urbanización de ecosistemas, la extinción de especies únicas y la disminución de la biodiversidad por deforestación del bosque andino y de la selva húmeda.
¿Hay algún estudio que nos diga, por lo menos en términos económicos, cuáles fueron los costos y los beneficios sociales y ecológicos de esta operación del Estado? ¿Hay algún análisis de las razones de la supuesta demora en el otorgamiento de las licencias? ¿Acaso es que los funcionarios y contratistas se dieron cuenta de la complejidad de los problemas y no quisieron arriesgar su patrimonio moral y su prestigio técnico? ¿O es que el Estado no ha sido capaz de asegurar la capacidad de las personas que el mismo Estado ha seleccionado? ¿O, simplemente, es que no les dijeron que contestaran rápido, como se puede deducir de la nueva norma?
Comprendemos que las actuales circunstancias socioeconómicas y políticas del país pueden estar exigiendo mayor rapidez en la generación de ingresos fiscales, pero también sabemos que muchos de los impactos ambientales de nuevos proyectos se deben a la ausencia de una política de poblamiento territorial y localización industrial, ausencia de la cual poco se han preocupado el Ministerio y el DNP. Lo que solicitamos es que el Ministerio reflexione en contextos más amplios y profundos y que tenga en cuenta todas las interrelaciones que presenta el problema de las licencias.
* Julio Carrizosa, exdirector del Inderena
