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Los concejos municipales según la Constitución son los responsables de conservar el patrimonio ecológico de los municipios y en él está incluido lo que algunos llaman “capital natural”, el que, junto a otros tipos de capital sostiene, según la teoría, todas las actividades municipales.
Hay diferencias entre ambos conceptos; mientras el de patrimonio ecológico incluye a todos los ecosistemas, con sus estructuras y funciones, el de capital natural, concepto construido para tener un lenguaje común con los economistas, tiende a ser más restringido y algunos lo asemejan al viejo concepto de “recursos naturales”, con lo cual se olvidan las estructuras y funciones ecosistémicas que no pueden ni venderse ni comprarse.
Las diferentes teorías acerca del desarrollo sostenible y de la sostenibilidad se concentran en las interrelaciones entre el capital natural y otras formas de capital. Incluyen, además del financiero, los que se han catalogado, un poco abusivamente, como capital social, capital cultural y capital humano. Se dice que esa catalogación es un abuso porque la palabra capital sesga y simplifica el análisis de la complejidad de la sociedad, de la cultura y de la humanidad y le confiere a una sola disciplina, la economía, una prevalencia política.
Eso es lo que parece estar sucediendo en las discusiones actuales acerca de la minería en Colombia; un destacado analista, el doctor Juan Benavides, afirma que “el costo de oportunidad de declarar la moratoria de la minería incluye las pérdidas por no transformar el capital natural en capital construido y capital intangible... Transformar el capital natural en plataformas para el desarrollo y en capital humano se convierte en un imperativo de política pública”.
Los ciudadanos que se indignan ante la posibilidad de entrada de grandes empresas mineras a sus municipios puede que no tengan en cuenta estos refinados costos, pero sí están defendiendo el patrimonio ecológico del territorio en el que viven. En esas posiciones, las de los indignados y las del doctor Benavides, se ve con claridad la diferencias entre ambos conceptos. La gente que vota en contra de la minería sabe que sus oros y carbones pueden convertirse en dinero, pero prefieren que permanezcan donde están, como partes de sus ecosistemas. Es así como les prestan el “servicio” fundamental, el de permitirles vivir como comunidad en el terruño que aman. Lo que defienden no se valora en el mercado, tiene que ver con consideraciones éticas y estéticas que no se ven claramente desde la economía.
*Julio Carrizosa Umaña
