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Los narcotraficantes persisten debido a nuestras características ecológicas y prosperan en nuestros conflictos socioeconómicos y políticos. Por eso Colombia es nuevamente el mayor productor mundial de cocaína.
Cambiar esa tendencia es imposible si no se entiende cuáles son los factores estructurales ambientales que facilitan el narcotráfico y cuál puede ser el margen de maniobra que nos queda para gestar alternativas complejas integrales, ecológicas, sociales, económicas y políticas. No es fácil comprender la situación porque es imprescindible reconocer su complejidad, dejar atrás los dogmas socioeconómicos que la ocultan y olvidar las soluciones simplistas que han generado múltiples fracasos.
La coca siempre se ha dado bien en las laderas húmedas de los Andes, inclusive en donde escasean las cenizas volcánicas, porque los suelos arcillosos son suficientes para sostener su crecimiento, pero en los últimos años la caída de los precios de las materias primas y la revaluación del dólar han promovido que se cultive en varios otros ecosistemas: alrededor de Tumaco, en el Putumayo y en las planicies de la Orinoquia colombiana. Esas modificaciones en los mercados están relacionadas con una circunstancia socioeconómica global: la disminución de la equidad y, por lo tanto, el aumento de las angustias de los más pobres y de los más débiles, y también de las ambiciones de los más ricos y de los más poderosos. Colombia es ejemplo de cómo esta circunstancia global, originada en los fracasos de la teoría económica dominante, induce situaciones todavía más graves en los países más vulnerables.
Un análisis integral de la situación sólo es posible si se reconsidera el peso de los argumentos económicos, se profundiza en los modelos que hoy los simplifican y se los coloca al mismo nivel político que las razones que surgen de lo ecológico, de lo social y de lo cultural. En el caso especial del narcotráfico eso significaría, por ejemplo, dejar atrás la solución varias veces fallida de los cultivos alternativos y darle el énfasis mayor a la generación de riqueza relacionada con pagos masivos para restaurar el patrimonio ecológico y los servicios ambientales.
Desafortunadamente, eso implicaría modificar las actuales políticas monetarias y fiscales, que están respaldadas por acuerdos internacionales y por la fuerza del pensamiento económico oficial y, paradójicamente, romper esos límites es también casi imposible, a pesar de que todo el problema se originó cuando Nixon los rompió en 1969 al lanzar su war on drugs.
