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Las vueltas de la vida. La Corte Penal Internacional (CPI) cerró el examen sobre la justicia colombiana después de 17 años de observación, medida que significa un respaldo al trabajo del Estado y a sus órganos judiciales. (Nota. La impunidad en Colombia nunca ha bajado del 95 %. Esto significa que si usted es un hombre de a pie y comete un crimen, la posibilidad de que lo condenen es de cinco en 100. Si tiene platica la posibilidad es cero, pero si es funcionario público está perdido: terminará purgando condena en las rudas condiciones de una embajada).
Si algo no cabe en el diccionario de los grupos extremistas es la palabra “paz”; y como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el espinazo legal del Acuerdo de La Habana, contra ella enfiló baterías desde el principio el Centro Democrático, temeroso de que los militares revelen secretos de la audaz participación en el conflicto de centenares de personajes del establecimiento, en general, y del Centro Democrático, en particular.
Y ahora esta absolución le cae del cielo a la administración Duque y le permite sacar al país del grupo de la ignominia, donde compartió cambuche con joyas como Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, Afganistán, Irak, Filipinas, Siria, Somalia, Nigeria, Sudán del Sur o Ucrania.
La decisión de la CPI fue una mala sorpresa para el mundo de los derechos humanos. Nadie entiende aún cómo Colombia recibe esta certificación justo en el año del Estallido Social, cuando los excesos de fuerza de la policía fueron censurados por la bancada demócrata del Congreso estadounidense, la ONU, el Parlamento Europeo, la prensa internacional e incluso la procuradora general de la Nación, una funcionaria de las entrañas del régimen. (Margarita Cabello se demoró la friolera de 180 días en pronunciarse, pero al final resolvió curarse en salud y censuró los desmanes de la policía. No tiene un pelo de tonta. Entiende que ya arrancaron las campañas y que el Estallido estará en primera línea).
La explicación tiene dos patas, según los analistas.
La principal descansa sobre el trabajo de la JEP, en especial los macrocasos que tienen imputados a los miembros de la cúpula de las Farc por un surtido prontuario de delitos de lesa humanidad, e investigados a decenas de oficiales del Ejército por los falsos positivos.
La segunda pata es pragmática. Como el Gobierno no ha cesado un día sus ataques contra la JEP e insiste en la creación de estructuras paralelas dentro de este tribunal para que los militares sean juzgados por magistrados proclives a la justicia penal castrense, la CPI, la JEP y el Gobierno, conjeturan los analistas, encontraron una fórmula conciliadora: la CPI cierra el examen sobre la justicia colombiana, sistema del que hace parte la JEP, y el Gobierno se compromete a no torpedear más su funcionamiento. Es decir que no insistirá en abolir la JEP, ni en infiltrar magistrados “castrenses”, ni tratará de cambiar sus normas sustantivas o procesales, y se compromete a asignar el presupuesto que la JEP necesita para su funcionamiento.
P. S. Es pertinente recordar que este tribunal, tantas veces tachado de comunista por esa facción política que ve rastros de la pezuña de la Gran Bestia hasta en la ONU y en el Vaticano, es una pieza maestra del derecho que fue concebida por los más severos juristas de Colombia y de la academia del mundo. Es un corpus legal que debe juzgar con un mismo rasero a actores tan disímiles como los guerrilleros y los militares, excluir a los “terceros de buena fe” o incluirlos si ellos lo consideran conveniente, y no tocar jamás a un expresidente de la República (una línea roja incluida por los defensores del “No” en el plebiscito de octubre de 2016).
