La última barricada

NO CREO QUE NADIE PONGA EN DUda que la parapolítica es el suceso más grave de nuestra historia. Comparado con ella, el Proceso 8.000 es un chisme de caja menor.

Ignoramos cuál sea el tamaño real de la farcpolítica, pero sabemos que es muy inferior al tamaño del monstruo de la otra orilla. Y todo gracias a la política de seguridad democrática, hay que reconocerlo.

La diferencia del tamaño de estas dos plagas está relacionada con el poder de los ejércitos que las respaldan. Mientras las Farc están en bancarrota, los “paras” viven su edad de oro. Mientras las Farc se han ganado el repudio del mundo, el paramilitarismo colombiano tiene millones de simpatizantes en el país, y en el exterior sólo saben de él los politólogos. Mientras las Farc desplazaban miles de campesinos, los “paras” desplazaron dos o tres millones (el amplio margen de incertidumbre es un reflejo de lo poco que nos importa la suerte de esos millones de colombianos que han tenido que echarse los hijos y el colchón al hombro, cambiar las ceibas por los semáforos, el trabajo por la mendicidad). Mientras las Farc sueñan con el control de dos municipios del Valle, la parapolítica controla por lo menos diez departamentos importantes.

Mientras los parlamentarios de las Farc se pueden contar con los dedos de una mano, la bancada “para” pasa de sesenta hombres mal contados. Mientras el político tradicional es un raponerillo que pellizca un poquito aquí y otro poquito allá, el parapolítico es un señor feudal que entra a saco en las arcas de toda una región y decreta: “El 30% de la contratación de la Costa es mío”. Mientras en otros tiempos se necesitaba una vasta minga de escuadrones de “manonegras” y apoyo oficial para matar a 3.000 simpatizantes de un movimiento opositor, hoy un paraco, H.H., supera él solo esa cifra sin despeinarse y la confiesa humildemente. ¡Y después dicen que este país no progresa!

Por todo esto, el valiente trabajo de la Corte Suprema contra la parapolítica cobra una importancia crucial para los destinos del país. Y por esto mismo resulta criminal ponerle palos en la rueda a su trabajo. Ante semejante enemigo, todo el país tiene que unirse y rodear a la Corte, o al menos el país que aún no haya perdido su capacidad de indignación, los ciudadanos que conserven en su alma un átomo de vergüenza y humanidad.

Los senadores involucrados en el proceso y altos funcionarios del Gobierno están empeñados en una guerra sucia para deslegitimar la Corte y restarles credibilidad a sus pronunciamientos. Los ataques se han concentrado en Iván Velásquez, el magistrado que coordina las investigaciones del proceso. No hace mucho, tres altos personajes le armaron, asesorados por el abogado de un narcotraficante, una burda patraña para desprestigiarlo. Por fortuna la Fiscalía paró el golpe y Velásquez fue absuelto.

Ahora vuelven a atacarlo con métodos rastreros y graban a un auxiliar suyo, un sujeto tan pusilánime que ni siquiera es capaz de hablar claro, y dicen que se tomó unas copas con una señora en Yopal, una testigo del proceso, o que los magistrados andan ofreciéndole plata a “cierto” senador, pero “don Cierto” no se atreve a denunciar nada porque el ofrecimiento “fue muy sutil y es difícil probar nada”. Muy incierto el asunto: un senador fantasmagórico recibiendo un ofrecimiento sutil. Igual de frágiles y rastreros son todos los argumentos que esgrimen los mandaderos de los “paras” para desacreditar a la Corte, la última barricada de la resistencia contra el avance de los bárbaros.