La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali anuncia la firma de un convenio con la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada para reforzar la vigilancia en la ciudad. Los argumentos parecen razonables: la delincuencia aumentó y el pie de fuerza de la ciudad es deficiente. Como se han presentado asaltos a deportistas y en abril un excursionista fue asesinado por los asaltantes en el Cerro de las Tres Cruces, el convenio promete cuidar especialmente las zonas deportivas.
Todo suena muy bien… si olvidamos el contexto nacional y el de la ciudad. ¿No fueron estos los mismos argumentos que justificaron la creación de los grupos paramilitares en los años 80 y 90?
Ahora, la situación de Cali puede ser peor.
Recordemos que hay miles de videos que muestran la abierta complicidad de la policía con civiles armados que dispararon contra los manifestantes del paro nacional, situación que el mismo fiscal general denunció el 7 de junio. Aclaremos que Barbosa se demoró un mes para comentar esa atrocidad (el primer ataque de los pistoleros de bien contra la minga ocurrió el 9 de mayo) y hasta la fecha las investigaciones marchan en franca reversa.
Otros sucesos insólitos: en los primeros días de junio, corrió el rumor de que los caleños pudientes del sur y del oeste habían recogido $300 millones para pagar bandas de sicarios que pusieran «orden en la ciudad y neutralizaran a los manifestantes». Andrés Escobar, la figura visible de los civiles-armados-camisas-blancas-bien, lanzó la propuesta de borrar con pintura los murales y los grafitis de los manifestantes caleños, idea que fue puesta en práctica el domingo por María Fernanda Cabal y el representante Christian Garcés, parlamentarios vallecaucanos y partidarios de flexibilizar las normas que regulan el porte de armas. Debidamente escoltadas por la policía, las brigadas de estos políticos cubrieron con pintura gris plomo grafitis que denunciaban las violaciones a las mujeres, que pedían a gritos PAREN EL GENOCIDIO, que repetían el lacónico y suficiente 6.402 o el ya clásico «Uribe-paraco-hijueputa». Las brigadas de pintores no parecían tener muy claro por qué boleaban rodillo gris. «Es que estos mensajes promueven el odio», dijo Cabal, la tierna parlamentaria. Y uno se pregunta: si «Paren el genocidio» es un mensaje de odio, «¡Acelérenlo!» ¿sería un mensaje de amor?
Recapitulo: ¿será Cali, una ciudad clasista, liderada por el paraquito Escobar, con parlamentarios como Garcés, Cabal y Gabriel Jaime Velasco (todos del brazo armado del Centro Democrático), donde los pistoleros-bien apoyan sus armas en los hombros de los policías, será Cali, centro nacional de la resistencia, la ciudad indicada para iniciar un piloto de seguridad privada urbana? ¡Qué tal que el programa resulte «exitoso» y lo repliquen otras ciudades! ¿Para dónde pegarían ahora los cientos de miles de campesinos que viven en los semáforos y que emigraron del campo a la ciudad huyendo de las hordas de las Auc? ¿Para Venezuela? ¿Se jugará fútbol en las calles con las cabezas de los jóvenes de Primera Línea? Si es difícil que los hombres del Ejército y la Policía cumplan las normas del derecho humanitario, ¿las cumplirán los mercenarios ejércitos de las empresas de seguridad privada?
Uno entiende que la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada y su posible socio (la suspicacia es mía), el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, el coronel (r) que patrulla la ciudad con revólver al cinto, quieran expandir sus negocios, ¿pero tiene que cohonestar con este engendro la Alcaldía de la ciudad?
P.S. «Un edificio social es más sólido cuando necesita menos fuerza para mantenerse en pie». Paul Valéry.
