No la tiene fácil el presidente. Su propuesta de excarcelar a los miembros de la primera línea y hacerlos gestores de paz cayó muy mal en un sector de la opinión que los considera vándalos, criminales, destructores de los bienes públicos. Él no puede hacer eso, dicen, pero la verdad es que no puede pasar de agache: la primera línea fue la que puso el pecho en uno de los movimientos populares más creativos, largos y vigorosos de la historia del país, y tiene un halo heroico para los jóvenes, la cohorte que puso a Petro en la presidencia (los mayores votaron por el estadista Rodolfo Hernández). Y no hay que ser muy agudo para anticipar que el voto de los jóvenes en las elecciones de octubre de 2023 dependerá en buena medida de la manera como el gobierno maneje este asunto.
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Aclaremos que la propuesta no apunta a excarcelar los centenares de detenidos en las manifestaciones del estallido del 2021 (más de 600) sino los que fueron detenidos de manera irregular; la mayoría, curiosamente, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Y lo sospechoso no es solo la fecha y la coyuntura: la Fiscalía los acusa de crímenes ordinarios (robo, daño a los bienes públicos, lesiones personales, concierto para delinquir) y evita palabras como revuelta, sedición, protesta popular, estallido social. En suma, las imputaciones eliminan el contexto. Es claro que la idea es cortarle a la defensa el recurso de inscribir estos procesos en el marco del delito político.
La imputación al pistolero Andrés Escobar, en cambio, calla que el sujeto disparó contra los manifestantes en las narices de la Policía: hecho concreto, contexto muy relevante. Un clarísimo intento de homicidio que le podría significar nueve años de cárcel.
Contra la primera línea, la Fiscalía redacta con tinta roja y mayúsculas fijas; contra Escobar utiliza letra palmer y estilo sinuoso: “Usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos”, delitos que le acarrearán penas inferiores a cuatro años y son por lo tanto excarcelables.
¿Hubo delincuentes comunes en las primera líneas? Por supuesto, como los hay en el Congreso, la Iglesia y la banca, sin que a nadie se le ocurra que podemos descalificar en masa a sus miembros.
Si el peso de la ley debe caer con toda su fuerza y con el debido proceso contra los ciudadanos que delinquen, que caiga, pero tiene que ser más severo en los casos que involucran a una institución.
Un ejemplo aberrante es el caso de Alison Meléndez, la joven que fue detenida, ultrajada en la vía pública y arrastrada hasta una URI por miembros del Esmad la noche del 12 de mayo de 2021 en Popayán. Su delito, filmar a la Policía con el celular. Luego, ya en su casa, Alison escribió una carta, “Me manosearon hasta el alma”, y se suicidó. Interrogado por la prensa, un general de la Policía de apellido Calderón explicó que tal vez los policías se sobrepasaron un poco porque en el forcejeo la sudadera y los interiores de la joven se bajaron y dejaron ver un pubis tan velludo que pudo inducir a los policías a pensar que se trataba de una mujer mayor. La Fiscalía decidió después que no había evidencia de abuso sexual en las cámaras de la URI y el caso fue archivado. Como si fuera una tragedia clásica, luego se supo que Alison era hija de un policía.
P. S. Los columnistas son subjetivos y sesgados, pensará un lector, pero recordemos que la ONU, la OEA, la bancada demócrata del senado estadounidense, el Vaticano y el Parlamento Europeo censuraron “los excesos de fuerza” de la Policía en la represión de las manifestaciones populares en Colombia entre fines de abril y mediados de julio de 2021.
