Tatiana Posso, líder comunal, El Copey, Cesar; Uriel Piranga, líder indígena, Pital, Huila; Carlos Biscué, líder indígena, Caloto, Cauca; María del Pilar Hurtado, líder comunal, Tierralta, Córdoba; Carlos Valencia, líder comunal, Restrepo, Valle; Julián Quiñones, líder comunal, Coveñas, Sucre; Luis Fernando Velásquez, gestor del programa PNIS, San José de Uré, Córdoba; Paula Rosero, personera de Samaniego, Nariño; Daniel Rojas, líder indígena, Caloto, Cauca; Luis Salamanca, gestor cultural, San Agustín, Huila; Mauricio Lezama, cineasta, Arauquita, Arauca; Belisario Arciniegas, candidato al Concejo de Morales, Bolívar; Marco Adrada, líder campesino, Leiva, Nariño; Nixon Willington, líder campesino, San Miguel, Putumayo; José Ceballos, profesor, Riohacha, Guajira; Policarpo Guzmán, líder campesino, Argelia, Cauca; Zonia Rosero, médico, Puerto Asís, Putumayo; Dilio Güetio, guardia campesino, Suárez, Cauca; Luis Contreras, líder en sustitución de cultivos, Las Mercedes, Norte de Santander; Leonardo Nastacuas, líder awá, Ricaurte, Nariño…
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Estos son unos pocos de los 400 o 500 líderes sociales asesinados desde julio de 2016. Nadie tiene cifras exactas. Salvo el caso de María del Pilar Hurtado, recicladora, cadáver fresco, sus nombres no nos dicen nada. No son muertos notables. Son nombres escritos en el agua. Su muerte es noticia durante ocho días, si mucho.
¿Por qué es grave el asesinato de los líderes sociales, por qué genera el repudio de un sector de la clase política, la Iglesia, los humanistas, las ONG, HRW, el Senado estadounidense y el Parlamento Europeo? Por varias razones.
Porque son seres humanos. Porque los gobiernos niegan la realidad del genocidio con una obcecación criminal (“no existe sistematicidad en los asesinatos”), banalizan la tragedia (“hay líos de faldas”) y revictimizan a las familias acusando al muerto de delitos execrables.
Y porque estos líderes son literalmente irremplazables. Un ministro sí (el stock de señoras y señores colombianos educados en Harvard es considerable), pero los líderes sociales son personas singulares y preciosas. Tienen coraje en municipios y veredas donde es suicida ser valiente, tienen competencias específicas en zonas y en estratos donde las competencias escasean, hacen veeduría en regiones adonde no llegan los entes de control, son un puente esencial entre el Estado y la población, tienen más credibilidad en sus comunidades que los funcionarios y trabajan justo donde son más agudos los problemas sociales: el campo y los barrios más deprimidos.
Solo un líder social convence a los hombres de ciertas regiones de que les permitan a las señoras planificar la familia; se preocupa de verdad por la conservación de las reservas naturales; sabe, por el olor del frailejón y el sabor del viento, dónde empieza la zona de páramo y no necesita mirar los barómetros de los ingenieros ni asistir a discusiones eternas sobre cotas arbitrarias; distingue las diferencias entre la minería responsable y la depredadora, y sabe que hay mineros ilegales mucho más responsables que los mineros legales. Gestiona proyectos productivos y sabe lidiar con los trámites oficiales.
No son ingenuos: no creen en la Virgen del Carmen del paraco ni en la Virgen del Cobre del narco ni en el populismo del guerrillero ni en la bondad de un sector de la fuerza pública. Muchos son políticamente neutros, condición que los convierte en objetivos militares de estos cuatro ejércitos.
Aunque el capital social que se pierde con la muerte de un líder es invaluable, la opinión pública no lo lamenta como debiera. Tampoco los gobiernos. La administración Santos hizo muy poco para protegerlos, y no se necesita mucha agudeza para prever que la administración actual hará mucho menos.
