Lindísimas las velatones por los líderes sociales realizadas hace ocho días en 16 países y en muchas ciudades de Colombia. Fueron conmovedoras la masiva asistencia a esta suerte de velorios colectivos y el hecho de que por primera vez, en decenios de masacres a la población rural, los citadinos mostramos un atisbo de solidaridad por la suerte de la Colombia rural. Solo habíamos visto promesas de reparación a las víctimas y homenajes a los victimarios: entrevistas a Carlos Castaño en horario triple A, auxilio logístico a los paramilitares, exaltación de los parapolíticos a las más altas dignidades del Estado y exoneración de responsabilidades para los “terceros” involucrados en el conflicto.
Nota 1: la mayoría de los líderes sociales asesinados viven en el campo o en zonas muy vulnerables de las ciudades.
Nota 2 (para citadinos). 2a: los líderes sociales son personas, seres humanos. 2b: resultan esenciales en el posconflicto porque son el puente entre el Gobierno y las organizaciones que hacen intervención social en el campo y en las zonas marginales de las ciudades. 2c: denuncian atentados contra la población y contra los ecosistemas, delitos que, sin su concurso, serían ignorados por las autoridades y la opinión pública. 2d: en el 92 % de los casos, las labores que adelantaba el líder social asesinado quedan truncas. Por temor o por falta de competencia, nadie lo releva.
Aunque suene increíble, las declaraciones de los funcionarios y de importantes líderes políticos apuntan a minimizar la tragedia o a desviar la discusión, e incluso a justificar los asesinatos. “No encontramos sistematicidad en esta serie de crímenes”, dijo el fiscal, a pesar de los 311 homicidios contra el gremio cometidos entre junio de 2017 y junio de 2018.
(Curioso que haya utilizado el vocablo “serie”).
“Hay muchos móviles, incluidos líos de faldas”, dijo con lenguaje picaresco el mindefensa, el mismo irresponsable sujeto que afirmó que Ana María Cortés, líder social asesinada en Cáceres, Antioquia, estaba investigada por presuntas relaciones con los narcotraficantes del Clan del Golfo, versión que fue desmentida por el subcomandante de Policía de Antioquia, Carlos Julio Cabrera (revista Semana, p. 19 edición actual).
Un vocero del Centro Democrático (CD) descalificó la velatón solo porque fue una iniciativa de Gustavo Petro.
Uribe y varios senadores del CD dicen que Petro “exagera” con el “tema” de los líderes sociales y que lo utiliza con fines politiqueros. ¿Será necesario recordarles que el “tema” no es Petro, sino un genocidio inocultable? ¿Será mucho pedirles al CD, al mindefensa y al fiscal que respeten la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias? ¿No les parece que la exageración estriba en que el “tema” involucre 311 muertos?
Los del CD aclaran que aún no son gobierno, pero muestran una diligencia admirable para torpedear la JEP, sin ser gobierno, y amenazan e insultan a los generales que la apoyan. Les parece insólito que Petro inste a Uribe a manifestarse contra el “tema” de los líderes y olvidan, convenientemente, la responsabilidad de un jefe popularísimo que lleva 20 años “poniéndoles la lápida” a los defensores de derechos humanos, a los que llama “traficantes de derechos humanos”.
Resolver el “tema” no será fácil. Pero estoy seguro de que declaraciones de repudio conjuntas, severas y continuadas del Gobierno, Duque, Uribe y los jefes de los partidos y de los gremios pueden ayudar muchísimo para que el país mire al fin a los ojos a la Colombia rural. Un acto tan simple como una censura colectiva puede ser el comienzo del fin del genocidio y un paso firme hacia la reconciliación de los colombianos.
Lindísimas las velatones por los líderes sociales realizadas hace ocho días en 16 países y en muchas ciudades de Colombia. Fueron conmovedoras la masiva asistencia a esta suerte de velorios colectivos y el hecho de que por primera vez, en decenios de masacres a la población rural, los citadinos mostramos un atisbo de solidaridad por la suerte de la Colombia rural. Solo habíamos visto promesas de reparación a las víctimas y homenajes a los victimarios: entrevistas a Carlos Castaño en horario triple A, auxilio logístico a los paramilitares, exaltación de los parapolíticos a las más altas dignidades del Estado y exoneración de responsabilidades para los “terceros” involucrados en el conflicto.
Nota 1: la mayoría de los líderes sociales asesinados viven en el campo o en zonas muy vulnerables de las ciudades.
Nota 2 (para citadinos). 2a: los líderes sociales son personas, seres humanos. 2b: resultan esenciales en el posconflicto porque son el puente entre el Gobierno y las organizaciones que hacen intervención social en el campo y en las zonas marginales de las ciudades. 2c: denuncian atentados contra la población y contra los ecosistemas, delitos que, sin su concurso, serían ignorados por las autoridades y la opinión pública. 2d: en el 92 % de los casos, las labores que adelantaba el líder social asesinado quedan truncas. Por temor o por falta de competencia, nadie lo releva.
Aunque suene increíble, las declaraciones de los funcionarios y de importantes líderes políticos apuntan a minimizar la tragedia o a desviar la discusión, e incluso a justificar los asesinatos. “No encontramos sistematicidad en esta serie de crímenes”, dijo el fiscal, a pesar de los 311 homicidios contra el gremio cometidos entre junio de 2017 y junio de 2018.
(Curioso que haya utilizado el vocablo “serie”).
“Hay muchos móviles, incluidos líos de faldas”, dijo con lenguaje picaresco el mindefensa, el mismo irresponsable sujeto que afirmó que Ana María Cortés, líder social asesinada en Cáceres, Antioquia, estaba investigada por presuntas relaciones con los narcotraficantes del Clan del Golfo, versión que fue desmentida por el subcomandante de Policía de Antioquia, Carlos Julio Cabrera (revista Semana, p. 19 edición actual).
Un vocero del Centro Democrático (CD) descalificó la velatón solo porque fue una iniciativa de Gustavo Petro.
Uribe y varios senadores del CD dicen que Petro “exagera” con el “tema” de los líderes sociales y que lo utiliza con fines politiqueros. ¿Será necesario recordarles que el “tema” no es Petro, sino un genocidio inocultable? ¿Será mucho pedirles al CD, al mindefensa y al fiscal que respeten la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias? ¿No les parece que la exageración estriba en que el “tema” involucre 311 muertos?
Los del CD aclaran que aún no son gobierno, pero muestran una diligencia admirable para torpedear la JEP, sin ser gobierno, y amenazan e insultan a los generales que la apoyan. Les parece insólito que Petro inste a Uribe a manifestarse contra el “tema” de los líderes y olvidan, convenientemente, la responsabilidad de un jefe popularísimo que lleva 20 años “poniéndoles la lápida” a los defensores de derechos humanos, a los que llama “traficantes de derechos humanos”.
Resolver el “tema” no será fácil. Pero estoy seguro de que declaraciones de repudio conjuntas, severas y continuadas del Gobierno, Duque, Uribe y los jefes de los partidos y de los gremios pueden ayudar muchísimo para que el país mire al fin a los ojos a la Colombia rural. Un acto tan simple como una censura colectiva puede ser el comienzo del fin del genocidio y un paso firme hacia la reconciliación de los colombianos.