Por estos días se organizó en Bogotá un evento entre el Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer y nuestro Centro para Latinoamérica sobre la política actual de drogas y la lucha contra el narcotráfico en la región.
Participaron colegas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, funcionarios de la Oficina Antidrogas de la ONU en Colombia y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, incluso el vicefiscal Jorge Perdomo.
Está bastante claro que la política internacional de prohibición, liderada por EE.UU. y codificada en las tres Convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1988 no ha producido los resultados deseados –reducción del consumo y desmantelamiento de las estructuras criminales– sino más bien lo contrario: aumento del consumo en la región, sobrecriminalización de los cultivadores de coca y de los consumidores y los conocidos efectos secundarios (crecimiento del mercado negro, aumento de precios en la cadena de comercialización, corrupción y, como efectos más negativos, violencia y militarización). Como consecuencia hay muchas propuestas alternativas, no solamente del sector académico sino también de políticos, como la del grupo conformado por la Comisión Global de Política de Drogas donde participó activamente el expresidente colombiano Cesar Gaviria y que solicita un enfoque nuevo en la política antidroga (ver informe). También hay una posición común de UNASUR, cuyo secretario general es el también expresidente colombiano Ernesto Samper, y que se quiere llevar a la reunión sobre drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) en abril de 2016 (ver informe).
Claro está que estas posiciones no contienen propuestas lo suficientemente concretas para ser implementadas al nivel regional o nacional –incluyendo la propuesta de crear una Corte Penal de UNASUR para los delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico, la cual además de tener un enfoque demasiado represivo, equipara esta criminalidad con los crímenes más graves internacionales de la Corte Penal Internacional (ver columna).
De todos modos, este nuevo discurso muestra una nueva conciencia en el continente que debe ser usada para influir en las discusiones de UNGASS; inclusive podría convertirse en un movimiento a favor de una Convención Latinoamericana sobre Drogas que podría hacer los cambios necesarios al modelo básicamente prohibicionista y represivo de las tres Convenciones del siglo pasado. Ya es hora de que los latinoamericanos, que han sido los que más han sufrido la mal llamada Guerra contra las Drogas, proclamada por nosotros, los países consumidores, lideren un movimiento para reformar las Convenciones de la ONU, sobre todo la Convención de Viena de 1988.
En términos más concretos, es absurdo que esta Convención obligue en su art. 3 a los Estados parte a penalizar el consumo y así, siguiendo una interpretación estricta, renunciar a la Convención para poder implementar una política más liberal en su proprio territorio. Si bien uno podría interpretar la referencia a los principios constitucionales de los Estados parte en este artículo como una posible salida frente a la jurisprudencia constitucional (alemana y colombiana) a favor del consumo de la dosis personal, ante todo no debería existir tal norma.
Una Convención Latinoamericana también podría tratar un tema que es tal vez el obstáculo más grande para una lucha transnacional contra el narcotráfico más eficaz: la deficiente, o más bien inexistente, cooperación policial y judicial entre los Estados de la región. Basta pensar en la relación entre Colombia y Venezuela donde prácticamente no existe algún tipo de cooperación. Un proyecto de Convención sería una excelente oportunidad de presentar al mundo la perspectiva latinoamericana frente a un problema que no tiene sus raíces en este hermoso continente.
* Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August Universität Göttingen (Alemania), Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad y juez del Tribunal Provincial de Göttingen. Agradezco a Diego Tarapués por sus comentarios.
Por estos días se organizó en Bogotá un evento entre el Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer y nuestro Centro para Latinoamérica sobre la política actual de drogas y la lucha contra el narcotráfico en la región.
Participaron colegas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, funcionarios de la Oficina Antidrogas de la ONU en Colombia y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, incluso el vicefiscal Jorge Perdomo.
Está bastante claro que la política internacional de prohibición, liderada por EE.UU. y codificada en las tres Convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1988 no ha producido los resultados deseados –reducción del consumo y desmantelamiento de las estructuras criminales– sino más bien lo contrario: aumento del consumo en la región, sobrecriminalización de los cultivadores de coca y de los consumidores y los conocidos efectos secundarios (crecimiento del mercado negro, aumento de precios en la cadena de comercialización, corrupción y, como efectos más negativos, violencia y militarización). Como consecuencia hay muchas propuestas alternativas, no solamente del sector académico sino también de políticos, como la del grupo conformado por la Comisión Global de Política de Drogas donde participó activamente el expresidente colombiano Cesar Gaviria y que solicita un enfoque nuevo en la política antidroga (ver informe). También hay una posición común de UNASUR, cuyo secretario general es el también expresidente colombiano Ernesto Samper, y que se quiere llevar a la reunión sobre drogas de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) en abril de 2016 (ver informe).
Claro está que estas posiciones no contienen propuestas lo suficientemente concretas para ser implementadas al nivel regional o nacional –incluyendo la propuesta de crear una Corte Penal de UNASUR para los delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico, la cual además de tener un enfoque demasiado represivo, equipara esta criminalidad con los crímenes más graves internacionales de la Corte Penal Internacional (ver columna).
De todos modos, este nuevo discurso muestra una nueva conciencia en el continente que debe ser usada para influir en las discusiones de UNGASS; inclusive podría convertirse en un movimiento a favor de una Convención Latinoamericana sobre Drogas que podría hacer los cambios necesarios al modelo básicamente prohibicionista y represivo de las tres Convenciones del siglo pasado. Ya es hora de que los latinoamericanos, que han sido los que más han sufrido la mal llamada Guerra contra las Drogas, proclamada por nosotros, los países consumidores, lideren un movimiento para reformar las Convenciones de la ONU, sobre todo la Convención de Viena de 1988.
En términos más concretos, es absurdo que esta Convención obligue en su art. 3 a los Estados parte a penalizar el consumo y así, siguiendo una interpretación estricta, renunciar a la Convención para poder implementar una política más liberal en su proprio territorio. Si bien uno podría interpretar la referencia a los principios constitucionales de los Estados parte en este artículo como una posible salida frente a la jurisprudencia constitucional (alemana y colombiana) a favor del consumo de la dosis personal, ante todo no debería existir tal norma.
Una Convención Latinoamericana también podría tratar un tema que es tal vez el obstáculo más grande para una lucha transnacional contra el narcotráfico más eficaz: la deficiente, o más bien inexistente, cooperación policial y judicial entre los Estados de la región. Basta pensar en la relación entre Colombia y Venezuela donde prácticamente no existe algún tipo de cooperación. Un proyecto de Convención sería una excelente oportunidad de presentar al mundo la perspectiva latinoamericana frente a un problema que no tiene sus raíces en este hermoso continente.
* Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Georg-August Universität Göttingen (Alemania), Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la misma Universidad y juez del Tribunal Provincial de Göttingen. Agradezco a Diego Tarapués por sus comentarios.