En una medida sin precedentes en la historia moderna del Derecho internacional, Nicaragua ha despojado de su nacionalidad a más de 300 ciudadanos disidentes en las dos últimas semanas. Mientras que el 9 de febrero, 222 de estos ciudadanos ya habían sido deportados a los Estados Unidos (ver aquí), y, además, privados de su nacionalidad por el Tribunal de Apelaciones de Managua el día siguiente (ver
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