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¿De verdad hay democracia en Israel?

Toda crítica al gobierno criminal de Netanyahu suele recibir una réplica inmediata: «Israel es la única democracia de Oriente Medio». La fórmula se repite con tanta solemnidad que ha llegado a ser un axioma incuestionable. Bajo el manto de la democracia se pretende encubrir los crímenes más atroces contra el pueblo palestino. Y cuando esa coartada resulta insuficiente, se recurre a la acusación de antisemitismo y a la memoria de los horrores del nazismo para descalificar cualquier denuncia.

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La paradoja es monstruosa: se invoca el recuerdo de un genocidio para desacreditar a quienes denuncian otro genocidio. Y no se trata de una acusación exclusiva de los enemigos de Israel: reconocidos historiadores israelíes especializados en el Holocausto, como Amos Goldberg y Omer Bartov, han calificado expresamente de genocidio la devastación de Gaza, donde han muerto decenas de miles de civiles, entre ellos miles de mujeres y niños [10].

Es innegable que en Israel hay elecciones periódicas, partidos políticos, debates parlamentarios y una prensa capaz de criticar al gobierno. Sin embargo, ¿puede llamarse democrático un Estado que mantiene a millones de personas bajo ocupación sin reconocerles el derecho a elegir a las autoridades que deciden sobre sus vidas?

Un sencillo ejercicio kantiano de universalización permite aclarar el punto. Imaginemos que, en las elecciones estadounidenses, se prohibiera votar a los ciudadanos de origen latino de California, Texas y Florida. Nadie en su sano juicio consideraría democráticos esos comicios. Poco importaría que el resto acudiera libremente a las urnas o que los candidatos se insultaran por televisión. Una democracia que excluye a una parte sustancial de la población sometida a su poder tiene un problema que la palabra «democracia» no puede resolver.

La condición jurídica de los ciudadanos y la de los habitantes de un territorio ocupado son distintas. Precisamente por eso, el carácter provisional de una ocupación exige que tenga un fin. Cuando el dominio se prolonga durante generaciones, la falta de ciudadanía se convierte en una coartada perfecta: se gobierna a una población y se invoca su condición de extranjería para negarle la participación en ese gobierno.

En Cisjordania, Israel controla aspectos fundamentales de la vida de los palestinos: sus desplazamientos, el acceso al territorio y el uso de la tierra. Los colonos israelíes que viven allí pueden votar en las elecciones del Estado que ejerce ese poder, mientras que ese mismo derecho se les niega a sus vecinos sometidos a la bota militar. Unos eligen a las autoridades; otros soportan las restricciones del ejército y contemplan, impotentes, la demolición de sus hogares mientras los asentamientos se expanden año tras año [1, 2].

Se alega que Cisjordania no ha sido formalmente anexada en su totalidad y que los Acuerdos de Oslo otorgaron ciertas competencias a la Autoridad Palestina. El argumento tiene la virtud de la apariencia jurídica y el defecto de ignorar la realidad: Israel conserva poderes decisivos sobre el territorio, especialmente en el Área C, que comprende más del 60 % de Cisjordania y en la que controla el uso del suelo y los permisos para construir viviendas, escuelas, carreteras y otras obras de infraestructura [2].

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y que los Acuerdos de Oslo no autorizan la anexión de territorios ni una presencia permanente amparada en razones de seguridad [1].

Sin embargo, se insiste en que Cisjordania no ha sido formalmente anexada en su totalidad, como si la ausencia de una declaración oficial pudiera borrar los hechos: se levantan muros y alambradas, se multiplican los puestos militares de control y miles de palestinos, incluidos menores de edad, permanecen detenidos, sin cargos ni juicio, bajo órdenes renovables indefinidamente que pueden prolongar su encarcelamiento durante años [11].

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Hay una ironía adicional. Apenas un día antes, el Parlamento israelí había aprobado una resolución contraria al establecimiento de un Estado palestino al oeste del río Jordán [3]. Los palestinos no pueden elegir a las autoridades israelíes porque no son ciudadanos de Israel, pero el mismo poder que los gobierna rechaza que constituyan un Estado propio. Se les cierran simultáneamente las puertas a la igualdad política y a la independencia nacional. Una fórmula bastante cómoda para el ocupante y desastrosa para el ocupado.

Los palestinos con ciudadanía israelí pueden votar, formar partidos y elegir representantes. Sin embargo, una ley aprobada en 2018 establece que Israel es el Estado nacional del pueblo judío y reserva exclusivamente a este el derecho a decidir su destino como nación dentro del país [4]. Ese mismo año, varios diputados del partido árabe Balad propusieron algo tan elemental como justo: que Israel se definiera como «un Estado de todos sus ciudadanos», sin importar su origen. La mesa directiva del Parlamento bloqueó la iniciativa por considerarla contraria al carácter judío del Estado [5]. La ironía salta a la vista: los palestinos pueden votar, pero sus diputados no pudieron siquiera someter a debate el principio de que el Estado pertenece por igual a todos sus ciudadanos.

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Las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026 dejaron al descubierto el menosprecio con que una parte de la clase política israelí trata a sus conciudadanos palestinos. El bloque opositor a Netanyahu, encabezado por Gadi Eisenkot, obtuvo 48 de los 120 escaños del Parlamento. Las dos listas de mayoría árabe consiguieron otros 19. Si acordaran gobernar juntos, sumarían 67 diputados, más de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría.

Sin embargo, tres de los cuatro partidos del bloque de Eisenkot habían prometido no formar gobierno con los partidos árabes. No existe ninguna prohibición legal que lo impida: el partido árabe Ra’am ya había participado en una coalición gubernamental en 2021. La exclusión es, pues, una decisión política: asociarse con representantes legítimamente elegidos por una parte de la ciudadanía se presenta ante los electores como algo que conviene descartar de antemano [6].

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Tampoco la trayectoria de Eisenkot inspira mucha tranquilidad. En 2008 defendió la llamada «doctrina Dahiya», cuyo nombre proviene de un barrio del sur de Beirut devastado por los bombardeos israelíes durante la guerra contra Hezbolá en 2006. La estrategia consiste en responder a los ataques lanzados desde cualquier localidad con una fuerza abrumadora, capaz de destruir viviendas e infraestructuras enteras. Eisenkot advirtió que lo ocurrido en Dahiya se repetiría en cualquier pueblo desde el que se disparara contra Israel, y justificó esa amenaza con una afirmación escalofriante: «Desde nuestro punto de vista, no son aldeas civiles, sino bases militares» [7].

El razonamiento es perverso: basta con declarar que una localidad habitada es una base militar para pretender justificar su destrucción. Pero la presencia de combatientes no convierte, por arte de magia, todas las viviendas en objetivos militares. El relevo de Netanyahu ofrece escasas garantías si deja intacta semejante concepción del poder.

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Human Rights Watch y Amnistía Internacional han concluido que las políticas israelíes de dominación y opresión de los palestinos constituyen apartheid [8]. La expresión provoca indignación entre los defensores del Estado sionista, como si pronunciar la palabra fuera más escandaloso que las prácticas que describe.

La Corte Internacional de Justicia no llegó tan lejos en su opinión consultiva de 2024, pero su conclusión fue igualmente grave: determinó que las leyes y medidas israelíes mantienen una separación casi total entre los palestinos y los colonos israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y que esa situación viola una convención internacional que prohíbe tanto la segregación racial como el apartheid [1].

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La desigualdad ante la ley alcanzó una expresión particularmente siniestra el 30 de marzo de 2026. Según la nueva legislación israelí, cuando un palestino de Cisjordania es condenado por determinados asesinatos vinculados al terrorismo ante un tribunal militar, la pena de muerte es la regla: solo en circunstancias excepcionales puede sustituirse por la pena de prisión perpetua. En cambio, los colonos israelíes que habitan ese mismo territorio son juzgados por tribunales civiles, donde la pena capital se contempla, junto con la prisión perpetua, únicamente en casos de asesinatos terroristas cometidos con la «intención de negar la existencia del Estado de Israel» [9]. La condición resulta muy conveniente: ¿qué colono que asesine a un palestino lo haría para negar la existencia del propio Estado de Israel?

En un mismo territorio, la ciudadanía del acusado determina qué justicia se le aplica y puede marcar la diferencia entre la prisión y la horca. Es difícil concebir una expresión más atroz de racismo institucional.

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Israel puede celebrar elecciones, tener una prensa plural y contar con un Parlamento activo. Todo ello es cierto. También lo es el dominio brutal que ejerce sobre millones de palestinos privados del derecho a decidir su destino. Los derechos de los ciudadanos israelíes, incluida su seguridad, merecen pleno respeto. Exactamente el mismo respeto que se les debe a los palestinos. Ante esa realidad, la complaciente expresión «la única democracia de Oriente Medio» deja pendiente una pregunta esencial:

¿Democracia para quién?

Referencias

[1] Corte Internacional de Justicia. Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. Opinión consultiva, 19 de julio de 2024, especialmente párrs. 224–229, 259–264 y 285. Texto de la opinión; resumen publicado por Naciones Unidas.

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[2] OCHA. Area C. Human Rights Watch. A Threshold Crossed, 27 de abril de 2021, resumen y análisis del régimen jurídico en el territorio ocupado.

[3] Knéset. Resolución contraria al establecimiento de un Estado palestino, 18 de julio de 2024.

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[4] Knéset. Basic Law: Israel – The Nation State of the Jewish People, 2018, artículo 1(c).

[5] Knéset. Knesset Presidium disqualifies Balad proposal to legislate “Basic Law: A Country of All Its Citizens,” because it rejects Israel’s existence as a Jewish state, comunicado del 5 de junio de 2018.

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[6] The Times of Israel. To build new coalition amid deadlock, Eisenkot, Netanyahu and others may need to break key pledges, 29 de octubre de 2026. Bakalpi, resultados electorales y enlaces a la Comisión Electoral Central.

[7] Institute for National Security Studies. The IDF’s New Response Policy vis-à-vis Hizbollah: How Viable is It?, 2008.

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[8] Human Rights Watch. A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution, 2021. Amnistía Internacional. Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity, 2022.

[9] Knéset. Ley sobre la pena de muerte por terrorismo, aprobada el 30 de marzo de 2026. Fuerzas de Defensa de Israel. Orden militar n.º 2291 (en hebreo), 17 de mayo de 2026: para la jurisdicción militar añade, entre los requisitos, la finalidad de negar la existencia de Israel o la autoridad del comandante militar en la zona. Asociación por los Derechos Civiles en Israel. The Death Penalty Law: Q&A.

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[10] Amos Goldberg. Is the War on Gaza a Genocide?, Africa Is a Country, mayo de 2024. Omer Bartov. I’m a Genocide Scholar. I Know It When I See It, The New York Times, 15 de julio de 2025.

[11] Naciones Unidas, Oficina del Coordinador Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio (UNSCO). Informe ante el Consejo de Seguridad, 28 de septiembre de 2026: registra 3.176 palestinos bajo detención administrativa sin cargos ni juicio. Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Israel, CAT/C/ISR/CO/6, noviembre de 2025: órdenes renovables indefinidamente y preocupación por la detención de menores.

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