«Si el Tigre va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas», advirtió Álvaro Uribe.
La frase resume su concepción territorial de la política. Uribe tolera colaboradores, subalternos, herederos provisionales y candidatos ungidos, pero jamás los reconoce como iguales. Quien recibe su respaldo contrae una deuda de obediencia; quien se aparta de sus instrucciones no ejerce su autonomía: lo traiciona. Dentro del uribismo, la lealtad nunca ha sido una relación entre personas libres, sino el vínculo que une a la peonada con el patrón.
La disputa más reciente empezó con un desacuerdo parlamentario en torno a la presidencia del Congreso, pero es solo el síntoma visible de una enfermedad crónica. Lo que en realidad irrita a Uribe es que De la Espriella pretenda fundar su propio partido y construir una fuerza política que ya no necesite la bendición del viejo jefe.
La reacción de Uribe revela una personalidad que los años no han mejorado: soberbia, pendenciera y territorial. Habla como el capataz que descubre a otro impartiendo órdenes en su finca. El nuevo jefe puede gobernar, siempre que recuerde quién le abrió el portillo, quién arreó a los electores y quién conserva el derecho a pronunciar la última palabra.
Su método es conocido. Cuando no puede responder a un argumento, opta por intimidar a su interlocutor. Tras una columna satírica de Daniel Samper Ospina, lo llamó públicamente «violador de niños», sin aportar prueba alguna. Lanzó el insulto y siguió campante. Cuando el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó retractarse, recurrió a una patraña muy de su estilo: sostuvo que, en realidad, había querido decir «violador de los derechos de los niños». Declaró entonces que Samper «no es violador de niños», aunque se cuidó de aclarar que lo hacía porque el criterio del tribunal prevalecía sobre el suyo. Retiró la acusación, pero procuró mantener el agravio.
Esa incapacidad para admitir que otros puedan tener la razón revela una forma particular de pequeñez: la del hombre que necesita rebajar a sus contradictores para proteger la imagen desmesurada que tiene de sí mismo. Pero su soberbia es, ante todo, moral. Uribe se reserva la honradez, el sacrificio y el amor por la patria, mientras reparte entre los demás la ambición, el engaño y la perfidia.
Él nunca parece actuar por vanidad, cálculo o conveniencia. Sus enemigos, en cambio, rara vez merecen siquiera una intención decente. Si discrepan, están mal informados; si insisten, sirven a intereses oscuros; si lo investigan, participan en una conspiración; si lo condenan, la justicia está politizada.
Su relación con los hechos es, por decirlo con prudencia, peculiar. No necesita inventarlo todo; le basta con escoger lo que le conviene, arrancarlo de su contexto y presentarlo con la seguridad de una revelación.
Durante años acusó a Iván Cepeda de manipular testigos para vincularlo con el paramilitarismo. Pero cuando la Corte Suprema examinó el caso, decidió no investigar a Cepeda y abrió, en cambio, una investigación contra el propio Uribe. Una persona menos convencida de su infalibilidad habría considerado la posibilidad de haberse equivocado. Uribe convirtió la decisión judicial en otra prueba de una supuesta conspiración en su contra.
Sus defectos, sin embargo, no se limitan al carácter. También hay algo más oscuro y siniestro en su trayectoria. Durante su gobierno, reaccionó a la defensiva ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y procuró desacreditar a quienes las formulaban. Cuando los crímenes de Soacha hicieron imposible seguir mirando hacia otro lado, su primera reacción fue ensuciar a las víctimas. Antes de que se esclarecieran los hechos, afirmó que aquellos jóvenes «no fueron a recoger café» y que habían partido con «propósitos delincuenciales».
Los condenó de antemano. Y aun si hubieran sido delincuentes —que no lo eran—, el Estado habría cometido un crimen execrable al ejecutarlos, disfrazarlos de guerrilleros y contabilizarlos como muertos en combate. La insinuación cumplía una función miserable: mancillar a los muertos para aliviar la responsabilidad de los vivos.
Años más tarde, varias madres de Soacha lo denunciaron por injuria y calumnia. Ante la posibilidad de que el proceso continuara, Uribe se retractó y pidió disculpas. La rectificación llegó casi nueve años después, forzada por los tribunales y cuando el daño ya estaba hecho. Devolvió las palabras con la misma generosidad con que alguien devuelve un puñal después de usarlo.
Uribe niega la realidad, pero la realidad es obstinada. Su hermano Santiago fue condenado a veintiocho años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado en el caso de los «Doce Apóstoles»; su primo Mario Uribe, por concierto para delinquir agravado debido a sus vínculos con grupos paramilitares. Andrés Felipe Arias fue condenado por delitos relacionados con la adjudicación irregular de subsidios de Agro Ingreso Seguro.
Jorge Noguera, antiguo director del DAS, fue condenado por delitos cometidos durante su paso por ese organismo y por su colaboración con estructuras paramilitares. José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, fue condenado como determinador del asesinato de Jaime Garzón. Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado fueron condenados por los seguimientos ilegales y las interceptaciones telefónicas contra magistrados y opositores. Mauricio Santoyo, jefe de la seguridad presidencial, fue condenado en Estados Unidos tras declararse culpable de proporcionar apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia.
La lista no acredita, desde luego, la responsabilidad penal de Uribe por los delitos de terceros. Cada persona responde por sus propios actos. Pero permite formular una pregunta sencilla: ¿qué criterio utilizó para escoger, promover, defender y mantener cerca del poder a semejante colección de patriotas?
En cualquier dirigente ordinario, una fila tan nutrida de familiares, funcionarios y aliados condenados suscitaría alguna duda, un examen de conciencia o, por lo menos, una ligera incomodidad. En el relato del patriarca y entre sus acólitos, en cambio, la procesión se transforma en martirologio: hombres y mujeres perseguidos por las cortes, castigados por su devoción a la patria y, sobre todo, al jefe. El caudillo nunca está rodeado de delincuentes. Está rodeado de mártires.
Su devoción por Jorge Robledo Ortiz —el poeta de la raza, el carriel, la ruana y la montaña— delata la Colombia que Uribe representa: la de las haciendas, los capataces, los caballos y las reses; la del propietario que imparte órdenes mientras los demás agradecen el jornal. En ese mundo, cada cual debe conocer su lugar. La finca se convierte en una miniatura del país: arriba manda el patrón; abajo se trabaja, se escucha y se obedece.
Durante más de veinte años, el método funcionó. Uribe escogía candidatos, distribuía legitimidad y decidía quién podía hablar en nombre de la derecha. Esta vez, puso el aparato del Centro Democrático al servicio de Paloma Valencia, la ungió ante sus seguidores e intentó transferirle parte de su antigua autoridad. Pero su derrota fue rotunda: algo más que el fracaso de una candidata fue el fallo del dedo infalible. Uribe repitió el gesto de siempre, pero por primera vez, el milagro no ocurrió.
De la Espriella representa algo más peligroso que una rebelión interna. No es la negación de Uribe, sino una versión más joven, más vulgar y desinhibida de muchas de sus peores pulsiones. No necesita destruir el uribismo. Le basta con apropiarse de sus electores, de sus miedos, de su lenguaje beligerante y de la idea de que la política consiste en identificar enemigos y aplastarlos. El heredero amenaza al caudillo porque se le parece.
De la Espriella entiende, además, una regla elemental del poder: nadie se convierte en jefe mientras gobierna a la sombra de otro. Un presidente que permitiera a Uribe escoger cargos, orientar el Congreso, custodiar el partido y fijar los límites de la administración gobernaría apenas por delegación. Para ocupar el trono, tendría que emanciparse del hombre que nunca ha aceptado del todo que ya no es el presidente de Colombia. Su mejor discípulo contempla ahora al viejo maestro como suelen mirar los jóvenes caudillos a los caudillos envejecidos: con gratitud, impaciencia y desprecio.
No conviene anunciar todavía la muerte política de Álvaro Uribe. Conserva un partido numeroso, una bancada importante, una militancia disciplinada y una capacidad de movilización que muchos políticos jóvenes envidiarían. Las abejas aún ocupan la colmena y, por desgracia, el aguijón conserva su ponzoña.
Pero el ocaso de un caudillo no comienza cuando pierde las elecciones, cae preso o se retira a escribir memorias interminables en las que demuestra que siempre tuvo la razón. Comienza antes: cuando deja de ser indispensable.
También los caudillos envejecen. Un día, las fórmulas dejan de impresionar, las indignaciones se repiten y el rostro que antes parecía firme adquiere el cansancio de una máscara gastada. El hombre que durante años distribuyó bendiciones y excomuniones descubre que sus discípulos también aprendieron a codiciar el trono.
Este puede ser el verdadero otoño del patriarca: no su desaparición, sino el descubrimiento lento y humillante de que la estación ha cambiado. El país todavía no presencia el final de Álvaro Uribe. Presencia algo que, para él, acaso resulte peor: el nacimiento de una derecha que conserva muchos de sus vicios, pero ha dejado de reconocerle el mando.
El viejo jefe quiso poblar el país de hombres fuertes. No previó que alguno de ellos acabaría rugiendo frente a su propia colmena.
