Bertrand Russell lo señaló con su habitual precisión: somos racionales hasta que la evidencia empieza a contradecir las creencias recibidas en la infancia, cuando aún no podíamos distinguir entre la verdad y el adoctrinamiento.
Mientras se trata de demoler supersticiones ajenas, somos cartesianos, escépticos e implacables. Pedimos pruebas, exigimos coherencia y denunciamos falacias. Pero cuando esa misma racionalidad se vuelve hacia las ideas que nos fueron inculcadas junto con la lengua, la religión, los valores, la raza... algo dentro de nosotros entra en disonancia. Entonces, la navaja de la razón, tan precisa para diseccionar los errores ajenos, se vuelve roma y obtusa.
Por eso resulta tan revelador el caso de Sam Harris, a quien considero uno de los pensadores públicos más lúcidos de nuestro tiempo. Pocas figuras han defendido con tanta claridad la necesidad de someter las creencias religiosas, morales y políticas al examen de la razón. Harris razona con una precisión extraordinaria: separa planos, detecta contradicciones, denuncia supersticiones y exige evidencia. Ante el islamismo, el relativismo moral y la credulidad religiosa, su inteligencia corta como un bisturí.
Pero cuando se trata de juzgar las políticas de Israel, ese bisturí se convierte en algodón. Gaza, bajo su lupa crítica, desaparece tras la explicación omnipotente y tranquilizadora del yihadismo. El sufrimiento brutal del pueblo palestino queda reducido, en su mente, a una patología religiosa: una desgracia inevitable —incluso moralmente aceptable— en la defensa de la libertad, la democracia y los valores occidentales frente al fanatismo islámico.
Esa ceguera resulta aún más llamativa porque Harris no es ni un propagandista ni un fanático. Es, precisamente, uno de los grandes defensores del pensamiento racional. Pero también es un ser humano. Formado en la tradición judía y marcado —como es perfectamente comprensible— por la memoria del antisemitismo y de la histórica vulnerabilidad del pueblo judío, parece incapaz de mirar de frente la tragedia de las decenas de miles de víctimas civiles inocentes que han muerto bajo el fuego israelí.
Para Harris, la devastación de Gaza se reduce a una discusión semántica en torno al término «genocidio». Lo mismo ocurre, dicho sea de paso, con Steven Pinker. Pero aun si esa palabra fuera discutible, existen otras maneras de nombrar la infamia, igualmente graves y mucho menos controvertidas: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, castigo colectivo, desplazamiento forzado, destrucción sistemática de infraestructura civil. El vocabulario jurídico es amplio. Y detrás de esas categorías no hay abstracciones, sino hechos: niños despedazados, familias enteras borradas, hospitales colapsados, hambre utilizada como arma de guerra y una población desplazada una y otra vez entre las ruinas. Lo inadmisible es que la disputa sobre una palabra termine por atenuar la realidad que esa palabra intenta describir.
La tesis de Harris, compartida por no pocos defensores de las políticas de Israel, resulta seductora precisamente porque simplifica la realidad. El problema central no sería la ocupación, los asentamientos, la expulsión, la humillación cotidiana ni la ausencia de ciudadanía para millones de personas sometidas a un poder que no eligieron. Todo quedaría explicado por una sola causa: el islamismo, el antisemitismo y el odio irracional al sionismo. Así, un conflicto histórico, político y territorial de extraordinaria complejidad se reduce a una supuesta patología religiosa.
La explicación tiene una ventaja: ya no es necesario revisar los hechos uno por uno. No hay que examinar cada bombardeo, cada hospital destruido, cada familia borrada, cada niño muerto, cada asentamiento ampliado, cada carretera segregada, cada permiso negado, cada humillación administrativa. Basta con envolverlo todo en una discusión global sobre moral, civilización, terrorismo, religión, antisemitismo y gramática jurídica. Es el viejo truco de agitar el pantano para no ver su profundidad: convertir los hechos en abstracciones.
Pero incluso si abandonamos el terreno jurídico y miramos la historia política, la explicación de Harris tampoco resiste la prueba. Una parte decisiva del nacionalismo palestino fue secular, marxista, cristiana, nacionalista, liberal o simplemente anticolonial.
George Habash, fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina, era cristiano ortodoxo. Edward Said, quizá el intelectual palestino más influyente del siglo XX, era cristiano. Hanan Ashrawi, figura clave de la primera Intifada y de los años de Oslo, también lo fue. Incluso dentro del mundo musulmán palestino, reducir Fatah, la Autoridad Palestina, los movimientos civiles, los sindicatos, los estudiantes, las familias y las organizaciones de derechos humanos al yihadismo no es lucidez: es pobreza y arrogancia intelectual disfrazada de profundidad.
El segundo axioma sobre el que descansa el razonamiento de Harris es que Israel constituye una sociedad libre, democrática y comprometida con los valores occidentales. Pero basta con formular una pregunta incómoda para que ese axioma revele sus grietas: ¿libre para quién? La libertad no puede medirse únicamente por los derechos de quienes votan. También debe medirse por el trato que reciben millones de personas que viven bajo el poder efectivo de ese mismo Estado sin disfrutar de esos derechos.
Ese axioma tiene, además, un pequeño inconveniente, y los hechos son obstinados. Desde 1967, alrededor de un millón de palestinos han pasado por las cárceles israelíes 1, y hoy miles permanecen detenidos sin cargos ni juicio bajo la figura de la detención administrativa 2. Como han documentado organismos de las Naciones Unidas, organizaciones israelíes de derechos humanos y numerosos reportajes de la prensa internacional, ese sistema no solo encarcela: también humilla, golpea, tortura y, según abundantes testimonios, somete a los detenidos a violencia sexual y otras formas de degradación extrema 3.
Pero las cárceles son apenas una pieza del rompecabezas. En Cisjordania conviven, en un mismo territorio, dos poblaciones sometidas a regímenes jurídicos radicalmente distintos. Los colonos israelíes disfrutan de ciudadanía plena, acceso a los tribunales civiles y derechos políticos. Sus vecinos palestinos, a menudo separados por apenas unos metros, viven bajo un régimen militar que controla aspectos esenciales de su existencia: la libertad de movimiento, la construcción de viviendas, el acceso a la tierra, la posibilidad de reunirse, trabajar o, sencillamente, transitar por su propio territorio. Unos participan en las decisiones del Estado; los otros están sometidos a ellas.
Es difícil imaginar que Harris aceptara un razonamiento semejante si proviniera de un clérigo musulmán, de un pastor evangélico o de un nacionalista hindú. Bastaría con hacer el experimento kantiano de sustituir “Israel” por cualquier otro Estado y “judíos” por cualquier otra comunidad para que el bisturí de su razón comenzara de inmediato a diseccionar las excepciones, las omisiones y las racionalizaciones. Pero cuando esa misma indulgencia protege las convicciones de su propia tribu, el estándar cambia.
El tercer axioma, quizás el más repetido de todos, sostiene que habría paz si los palestinos depusieran las armas. Pero esa tesis olvida que los palestinos ya apostaron por la negociación. Los Acuerdos de Oslo despertaron la esperanza de una solución pactada y del nacimiento de un Estado palestino. Sin embargo, mientras el llamado “proceso de paz” avanzaba entre cumbres, declaraciones y fotografías oficiales, la ocupación continuó, los asentamientos israelíes siguieron expandiéndose y el territorio destinado a ese futuro Estado fue fragmentándose cada vez más.
El juicio más demoledor sobre aquel proceso no provino de un dirigente palestino, sino de uno de sus propios arquitectos. Shlomo Ben-Ami, ministro de Asuntos Exteriores de Israel y uno de los principales negociadores de Camp David, reconoció años después: «Si yo hubiera sido palestino, también habría rechazado Camp David». Difícil encontrar una confesión más elocuente sobre el desequilibrio en dichas negociaciones.
Y cuando una parte importante de la sociedad palestina intentó sustituir las armas por una movilización civil masiva, la respuesta tampoco fue el reconocimiento de sus derechos. Durante la Gran Marcha del Retorno, iniciada en Gaza en 2018, miles de personas caminaron hacia la cerca que las separaba de las tierras de las que sus familias habían sido expulsadas. Hubo episodios de violencia en la frontera, como ocurre casi siempre bajo condiciones de ocupación y encierro, pero también una multitud de civiles: médicos, periodistas, niños, ancianos y jóvenes desarmados.
Una comisión independiente de las Naciones Unidas concluyó que las fuerzas israelíes mataron a 183 manifestantes en 2018 y dejaron miles de heridos; muchos recibieron disparos en las piernas y quedaron condenados a amputaciones, prótesis o discapacidades permanentes 5. Ni siquiera la protesta civil escapó a la lógica del castigo. También ella fue reinterpretada como una amenaza existencial.
No se trata de negar el islamismo. Sería absurdo. Hamás existe. Su ideología existe. Su antisemitismo existe. Sus crímenes existen. La masacre del 7 de octubre no admite eufemismos piadosos ni excusas históricas que pretendan lavar la sangre de los civiles asesinados. Pero una cosa es reconocer la importancia criminal y política de Hamás, y otra muy distinta es convertir a Hamás en la explicación total de Palestina. Eso no es análisis: es ventriloquia moral. Se hace hablar a todo un pueblo con la voz de su facción más siniestra.
Sam Harris comete así el peor de los pecados para un pensador de su talla: la arrogancia de creer que sus propias convicciones son tan obvias que no requieren ser expuestas a la objeción. El otro no está equivocado: es inmoral; nos envidia y nos odia. Ese procedimiento es letal para el pensamiento, porque convierte el desacuerdo en una mera patología y blinda las propias creencias frente a cualquier crítica.
El valor moral e intelectual más alto de un ser humano consiste en mirar el horror de frente, aun cuando ese horror haya sido cometido por los nuestros. Russell, y con él muchos de los grandes espíritus morales del siglo XX, supo hablar con integridad de Nelson Mandela cuando buena parte del mundo respetable lo despachaba como terrorista y lo dejaba pudrirse en una prisión sudafricana. No esperó a que el poder cambiara de opinión para descubrir la justicia. No confundió la respetabilidad del statu quo con la verdad moral.
Esa es la prueba decisiva de la inteligencia y de la virtud moral: no la capacidad de demoler los dogmas ajenos, sino la valentía de interrogar los propios. No el brillo polémico contra las supersticiones del vecino, sino la lucidez dolorosa frente a los mitos aprendidos en casa. En esa prueba, Sam Harris muestra su talón de Aquiles. Su razón, tan admirable cuando combate los fanatismos que le son extraños, se vuelve pobre y defensiva cuando el horror surge del lado de sus lealtades más íntimas. Nada revela mejor los límites de un racionalista que el punto exacto en el que su razón deja de operar.
Referencias
1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: intervención de la Relatora Especial Francesca Albanese ante el Consejo de Derechos Humanos, 10 de julio de 2023. Desde 1967, aproximadamente un millón de palestinos han sido detenidos por Israel.
2 B’Tselem, “Estadísticas sobre la detención administrativa en los territorios ocupados”, actualización del 29 de marzo de 2026: al final de diciembre de 2025, Israel mantenía a 3.329 palestinos en detención administrativa. B’Tselem explica, además, que la detención administrativa permite encarcelar sin juicio ni cargos, con base en evidencia clasificada y sin un límite temporal definido.
3 B’Tselem, “Welcome to Hell: The Israeli Prison System as a Network of Torture Camps”, agosto de 2024; Reuters, 5 de agosto de 2024, sobre el informe de B’Tselem; Reuters, 16 de agosto de 2024, sobre la condena de la Relatora Especial de la ONU sobre la tortura a un caso de presunto abuso sexual de un preso palestino bajo custodia israelí.
4 Human Rights Watch, “Israel: Discriminatory Death Penalty Bill Passes”, 31 de marzo de 2026: el 30 de marzo, la Knéset aprobó una ley que amplía la pena de muerte para delitos relacionados con el terrorismo, y HRW señala que su redacción la hace aplicable “principalmente, si no exclusivamente” a palestinos. The Guardian y Reuters también reportaron que la norma establece la pena de muerte para palestinos condenados por cortes militares en Cisjordania y que fue criticada por su carácter discriminatorio.
5 Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre las protestas en el Territorio Palestino Ocupado, informe sobre la Gran Marcha del Retorno: las fuerzas israelíes mataron a 183 manifestantes y dispararon contra más de 6.100 durante las protestas de 2018. Médicos Sin Fronteras documentó miles de heridas graves por disparos, en su mayoría en las piernas, con fracturas, amputaciones y discapacidades permanentes.
