El próximo viernes se cumplen siete años del Acuerdo de Paz y, a pesar de que el Gobierno ha mostrado voluntad política para su implementación, reincorporados y pacifistas se han tenido que tragar más de un sapo.
El proceso no va a buen ritmo, por cuenta de que hay más discursos que gestión. A la burocratización estatal se suma la personalidad de un Gobierno que parece ver en las tablas y los indicadores una cuestión de yuppies, “carreta”.
Parte de las dificultades radican en que Petro no ha reversado la terrible decisión que tomó Mauricio Lizcano en el Dapre de acabar con la Consejería de Estabilización y Consolidación, y convertirla en una unidad inoperante. El decreto que corregiría el error al crear de nuevo la Consejería lleva nueve meses esperando la firma del presidente. Mientras tanto, en la Unidad de Implementación está Gloria Cuartas, quien no tiene autonomía ni para comprar un lápiz. Ella depende de Danilo Rueda, quien está dedicado a otros frentes, como los del ELN, y es tan distante de los firmantes como de los periodistas.
En una reciente audiencia de la JEP sobre la seguridad de Comunes, varios le reclamaron a Rueda por referirse al grupo de Iván Mordisco como FARC-EMC. “¿Acaso yo les pongo el nombre a los grupos armados?”, respondió desconociendo las implicaciones de que desde el Estado se reconozca a los desertores como FARC.
A pesar de la voluntad del presidente, él no ha tenido el liderazgo para conformar un gabinete de paz y la mitad de los ministros parecen desconectados de sus responsabilidades frente al acuerdo. Es el caso de la ministra de Vivienda, quien en dos ocasiones ha delegado ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación —máxima instancia de seguimiento— a asesores de rango medio. También es el de Álvaro Leyva, a quien la misma Comisión le ha rogado infructuosamente activar la comunicación con los notables verificadores, Felipe González y Pepe Mujica.
En el tema de la sustitución de cultivos, la retórica también se opone a la ejecución. El encargado en el Gobierno, Felipe Tascón, descalifica el modelo creado en 2016 y lo llama “rotundo fracaso”. Se limita a decir que uno nuevo debe ajustarse a la paz total. ¿Cómo será entonces la sustitución si esa paz no cuaja?
Los proyectos productivos tampoco arrancan. A pesar de que se han entregado algunas tierras, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización estructura mal los procesos, lo cual se traduce en que estos no se materializan.
Finalmente, en materia de seguridad sigue faltando una política integral. La Unidad Nacional de Protección no ha podido encontrar una persona que se concentre permanentemente en prevenir/atender las amenazas a Comunes. Durante este gobierno, 30 excombatientes han sido asesinados, dos de ellos candidatos, en una situación cuya salida va más allá de entregar Toyotas y chalecos. Pero, de nuevo, ¿cómo evitar la estigmatización si el comisionado nombra a los disidentes como FARC-EP?
Si se sigue tratando a los reincorporados como desmovilizados, seguirán abiertas las oportunidades para disidentes y desertores. La obsesión con la paz total debería permitirle al Gobierno entender que solo cumpliendo bien lo acordado en 2016 habrá estímulos para comprometer a las bandas, a Mordisco y al ELN. Las tablas de Excel no son de derecha y los indicadores importan.
Por Lariza Pizano
