Hace unos días, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Víctimas, culpó a Bogotá por la nueva ocupación del Parque Nacional por parte de más de 300 indígenas emberá. Dijo que a la ciudad le importaban más los parques que los indígenas. Nada más injusto.
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Desde 2021, cuando inició la primera ocupación, Bogotá ha respondido con recursos y atención integral: albergues, alimentación, salud, brigadas de protección, apoyo psicosocial, espacios para la niñez, y seguimiento a casos de abuso y maltrato. Solo entre 2021 y 2024, la ciudad ha invertido más de 27 mil millones de pesos. Todo, liderado por la Consejería para las Víctimas y la Secretaría de Integración Social de la ciudad. No se trata de expulsar a nadie: se trata de reconocer que vivir por meses en un parque, así tenga baños portátiles o atención humanitaria, no es digno, y menos si allí residen cerca de 200 niños.
El Gobierno Nacional ha fallado. Ha venido tratando esta crisis como un acto simbólico de protesta, no como lo que es: un drama humanitario. En 2023, se negó a intervenir mientras hubiera ocupación en el parque. Antes, durante el gobierno Duque, y por ineficacia y falta de empatía del Ministerio del Interior frente al tema, tampoco se activó una respuesta estructural. Hoy, seguimos sin una política clara que articule retorno seguro, garantías en los territorios y seguimiento institucional.
Porque el fondo de este problema específico está allá, en Chocó y Risaralda, donde los emberá-katío enfrentan violencia, confinamiento, desplazamiento forzado, hambre y olvido. Más de 4.300 indígenas fueron desplazados en 2023. Es imposible pedirles que regresen si no hay condiciones mínimas de vida ni protección. Pero tampoco se puede normalizar su permanencia indefinida en un parque que, aunque cuidado por el Distrito, no deja de ser un espacio público en medio del frío, la lluvia y la hostilidad de la ciudad.
El discurso de respeto al derecho a la protesta no puede convertirse en una salida retórica para evadir responsabilidades. Tampoco se puede seguir ignorando que hay denuncias graves: muertes infantiles, abuso sexual, extorsiones, violencia intrafamiliar. ¿Qué hace la justicia? ¿Dónde están los entes de control?
Peor aún: ¿qué pasa con los líderes de la protesta que condicionan el acceso de los niños a servicios educativos ofrecidos por el Distrito, a cambio de contratos o favores? Esa instrumentalización también debe ser investigada.
La ciudad ha sido solidaria, pero la solidaridad no reemplaza al Estado. Tuvo que advertir el alcalde Galán que, de no avanzar en soluciones interinstitucionales, la ciudad tomaría acciones legales. El Gobierno Nacional tiene el deber legal y moral de ofrecer una solución de fondo, y la Unidad de Víctimas, que ha sido tan crítica de la gestión bogotana, debe comenzar por impulsar una tardía caracterización de la comunidad asentada en el Parque y por definir rutas de retorno sostenibles. Pero no se trata solo de enviar a los indígenas en buses ni de romantizar su retorno a lugares ancestrales: se trata de que no tengan que regresar. El Estado tiene que cumplir, no solo Bogotá.
Por Lariza Pizano
