Para la mayoría de colombianos, las eventuales controversias en torno al Acuerdo de Paz ya no serán un tema esencial en la campaña. Así lo demuestra la encuesta realizada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en la que se concluye que entre 2018 y 2020 la preocupación de los colombianos por el conflicto cayó sustancialmente. El porcentaje de personas que mencionaron el conflicto armado como uno de los principales problemas del país bajó de 16 a 9 %. En contraste, la pandemia fue la mayor preocupación de los colombianos en 2020 y, en materia de seguridad, la delincuencia común es la principal amenaza.
A esa percepción se suma que la creencia de que son posibles el perdón y la reconciliación con los excombatientes de las Farc ha crecido en los últimos años, pasando de 51 % en 2018 a 66 % en 2020.
Con estas cifras, cualquier político o asesor político debería saber que la oposición a la paz no es rentable. La reivindicación de la guerra o recoger las banderas del no como centro de campaña ya no sería rentable.
En contraste, sí lo puede ser defender una implementación incompleta y pasar la página de la implementación.
La pandemia no solo deja enfermedad, también tristeza y tragedia social. De eso parece haber conciencia electoral cuando la gente clama por empleo y tranquilidad para recuperarse. Y en ese sentido, la implementación de la paz debe concebirse, más que como la puesta en marcha de una estrategia de seguridad —como la concibe Duque—, como un vehículo para tramitar la agenda social. De la implementación adecuada del Acuerdo dependía (y depende) no solo la desmovilización de unos combatientes de las Farc, sino la posibilidad de suavizar problemas que van desde la desigualdad en la distribución de tierras y la prevalencia de un régimen político resquebrajado hasta la transición a formas menos fracasadas de pelear contra el narcotráfico.
En entrevista reciente con El Espectador, Duque dejó ver que siente que su política frente al Acuerdo de Paz ha sido excelente. Bien por él, pero por el bien del país sería mejor un poquito más de humildad.
El presidente debería leer el completo informe elaborado por la Contraloría General acerca del seguimiento a la ejecución de los recursos y al cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paz. En este informe, recién presentado al Congreso, se destacan aspectos positivos en temas como la reincorporación política, económica y social. Sin embargo, el documento llama la atención sobre el ritmo de ejecución de los recursos destinados a ese proceso. Dice la Contraloría que a este ritmo su implementación total se daría en 26 años.
Las encuestas demuestran que no sería rentable seguir con la banderita del no. Pelear con la paz ya no da votos mientras que sí los puede dar la bandera del sí. De cara al 2022 y al sueño de la pospandemia, la responsabilidad institucional y el activismo a favor de la implementación siguen siendo muy necesarios.
Por Lariza Pizano
