Desde el día en que la oposición perdió las elecciones, el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas está a reventar. Las filas de venezolanos que quieren salir del país se han duplicado a pesar de que los precios de los tiquetes se dispararon y en las aerolíneas solo hay tiquetes disponibles desde la última semana de agosto.
Si en el aeropuerto el caos reina de personas que quieren salir legalmente, en las trochas aumenta el número de indocumentados que alimentan la que será una nueva oleada de exilio desde Venezuela. Aunque era evidente que si Maduro se quedaba en el poder esa tragedia ocurriría, el Estado colombiano no anticipó ningún escenario.
Además de la falta de datos, las normas con que el país sigue mirando el tema migratorio son caducas y se limitan a la ley que en 2011 creó un Sistema Nacional de Migraciones exclusivamente enfocado a los colombianos que viven en el exterior. Sobre ellos tampoco hay cifras a pesar de que, desde 2018, se disparó el número de personas que se van para no volver.
Frente a los inmigrantes venezolanos, se especula que dos millones y medio —la tercera parte del total que han salido de su país desde 2010— viven en Colombia. De ellos, más de 600.000 estarían en situación irregular. Aunque todo el mundo usa esa cifra, no existe ni un censo ni un estudio que la justifique con rigor. Solo hasta ahora el DANE —no Migración Colombia— comienza a indagar sobre quiénes son y qué hacen quienes llegan.
En 2009, y con un tránsito migratorio de otras características, un documento Conpes planteó una política integral con varias tareas que quedaron en el papel. Entre ellas: caracterizar a la población migrante, crear y consolidar redes sociales para la población que llega regular e irregularmente y gestionar flujos laborales y de servicios de manera bilateral. Quince años después de que se planteara ese Conpes, en Colombia la tragedia del Darién es vista desde una mirada que es más la de una ONG que la de un Estado. Hay desarticulación entre Migración Colombia y la Cancillería y, por ejemplo, no existen mecanismos de coordinación con Ecuador, desde donde llegan miles de chinos y africanos que buscan pasar por aquí para llegar a Estados Unidos: sin datos, ni estudios, ni perfiles de quienes llegan, las actividades se limitan al control migratorio.
En 2023, un número récord de migrantes cruzó el Darién, y los datos oficiales de Panamá indican que 402.300 personas atravesaron la selva entre enero y septiembre. Esa cifra representa un aumento del 62 % frente a 2022. La mayoría de estos migrantes procedían de Venezuela, con un número significativo de colombianos, ecuatorianos, haitianos y habitantes de otros países, incluidos los de África y Asia.
La falta de rigor en el tratamiento del tema migratorio y la percepción de que su abordaje carece de humanidad si se consigna en tablas de Excel, termina afectando la calidad de vida de quienes llegan al país y la de quienes hacen todo por irse.
Triste, pues un gobierno que en el discurso se conecta con la agenda global y que dice ser empático con los migrantes, debería entender que la mejor manera de ayudarles es con datos.
Por Lariza Pizano
