Una parte de las élites tradicionales eligió a De la Espriella para recuperar el poder y terminó descubriendo que su victoria no incluía el derecho a ejercerlo. Creyó que derrotar al petrismo suponía volver a decidir, pero el presidente tiene otros interlocutores y sus protocolos son otros.
Ahí está lo inédito en su estilo: una buena parte de los sectores con voz pública que lo eligieron –jefes de partidos, empresarios, élites urbanas tradicionales y dueños de medios de comunicación– no tiene asegurada su participación en las redes de poder. Están, sí, clanes del Caribe, nuevos millonarios, élites ascendentes. El caso de los Gilinski obliga a precisar: el desplazamiento de unos poderosos no significa la exclusión de todos. Al menos no de quienes, como los dueños de Semana, son parte de una élite no tradicional.
La particularidad del gobierno tampoco es nombrar ministros desconocidos o con poca trayectoria. Duque ya lo hizo. Consiste en que los gremios, los partidos y las élites de siempre dejaron de ser interlocutores obligados. Ni siquiera los llamados sectores de opinión, los excandidatos presidenciales, o los sectores del gran empresariado formal que invitaron a respaldarlo por miedo a Petro, pueden dar por descontado que serán escuchados. Con De la Espriella, la coalición contra un adversario común no resolvió la forma de repartición del poder ni la resolverá de cara a las elecciones de 2027, en las que el mandatario busca imponerse.
La historia dimensiona esa novedad. El Frente Nacional convirtió el reparto entre liberales y conservadores en un arreglo institucional. Rojas Pinilla llegó respaldado por sectores de ambos partidos, aunque después rompiera con ellos. Y el uribismo reconfiguró las jerarquías regionales sin prescindir de las élites empresariales y políticas que hicieron posible su ascenso. En todos los casos, las relaciones cambiaron, pero los aliados de todas las regiones conservaron entradas.
Petro, además de llevar al poder al primer gobierno de izquierda, logró que –más que gestión– sectores antes excluidos ganaran una representación que el país les había negado. Pero esa ruptura fue distinta: su primer gabinete incluyó a Ocampo, Gaviria y Cecilia López; pero después de sus salidas, los intermediarios tradicionales siguieron encontrando espacio. Benedetti basta para recordarlo: la disputa con el establecimiento convivió con los acuerdos para gobernar.
Con De la Espriella aparecen señales distintas. La sacada de dos jefes gremiales y el silencio de sus colegas muestran hasta dónde llega la incertidumbre. La falta de técnicos en Ecopetrol, o la inasistencia a última hora de los ministros a los foros organizados por medios, evidencian que son otras las preferencias y que las prevenciones del mandatario se imponen donde antes se negociaban representaciones.
Nada de esto garantiza un Estado más capaz o un mayor sentido de lo público. Cambiar las credenciales de acceso al poder no equivale a renovar las prácticas pero sí implica una paradoja: en 2026, quienes hicieron campaña para recuperar su influencia ayudaron a concentrarla en alguien que no se siente obligado a compartirla. Votaron para que Petro se fuera, pero nunca imaginaron sus dificultades para volver a entrar.