Hablar para desbloquear

Hace más de 10 años que Uber llegó a Colombia y desde entonces todo el mundo se ha pimponeado la regulación del servicio que esa y otras apps de movilidad colaborativa intermedian en el país. Como consecuencia del limbo, cada cierto tiempo empresarios de taxis promueven manifestaciones, no siempre pacíficas, argumentando que las plataformas no están sujetas a sus mismas regulaciones. Ese fue el reclamo que llevó a los bloqueos de taxistas esta semana.

Aunque a nivel local crece la conciencia de que la salida al conflicto no es prohibir ni perseguir a los conductores que trabajan mediante aplicaciones, sino regularlos, a nivel nacional han pasado los gobiernos de Santos, Duque y Petro, y ni el Ministerio de Transporte ni el Congreso han avanzado en salidas específicas. Muchos parlamentarios ven el tema como un coco pues hay quienes reciben financiación de empresarios de taxi, o que le temen a perder votos entre ellos. Cualquiera sabe que los taxistas, además de votar, multiplican opiniones en cada carrera electoral. No obstante, olvidan los congresistas que hay más de 100.000 conductores de vehículos particulares que trabajan a través de apps, que también votan, opinan y están cada vez más organizados.

Conscientes de su poder, taxistas acuden a los paros y bloqueos que terminan disolviéndose con mesas de concertación que solo posponen la solución a las tensiones, porque las decisiones pendientes frente a la movilidad mediante plataformas van más allá de la competencia y tienen que ver con una profunda realidad social, en la que más de 100.000 conductores hacen sus ingresos por la vía de las aplicaciones y solamente el 14 % de ellos (Fedesarrollo, 2023) cree que podría acceder a empleo formal.

Pero, así como unos taxistas bloquean, otros entienden la nueva realidad. Según informa Alianza In, el gremio de las aplicaciones, en las apps de movilidad hay más de 230.000 usuarios registrados como taxistas. De ellos, 100.000 trabajan en Bogotá.

Encontrarle salidas al tema es posible. En otro frente, el gremio logró acuerdos con el Ministerio de Trabajo acerca de la regulación del trabajo de los domiciliarios que trabajan a través de apps. ¿Por qué el Estado no le apuesta a tener una conversación similar en el caso de Uber, Didi, Cabify, InDrive y todas las demás?

A nivel local, salidas innovadoras ya se han puesto a andar. En Bogotá, el Plan de Desarrollo de Galán creó una mesa de concertación con conductores y el concejal Juan Daniel Oviedo ha insistido en la posibilidad de que las plataformas sean reglamentadas por la ciudad o por la Región Metropolitana.

Dada la llegada de la nueva ministra de Transporte, quien conoce el sector y le trae un nuevo aire, el Gobierno debería abrir la conversación sobre el tema como una arista ciudadana del diálogo nacional que promueve el Gobierno Petro. En 2020 quedó demostrado que prohibir las apps por temor a los bloqueos de los taxistas no tiene sentido. Hoy la realidad es otra, y mediante las aplicaciones generan ingresos miles de personas y se mueven otro tanto más. Es una responsabilidad pública tomar decisiones por motivos ajenos a los bloqueos y, en nombre de usuarios, taxistas y conductores, hablar para desbloquear.