Ideas para la libertad

Recientemente, la Corte Constitucional, en cabeza de los magistrados Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés y José Fernando Reyes, emitió una sentencia con un mensaje para los políticos: ejercer violencia digital contra los periodistas y, en especial, contra las que son mujeres, podría tener implicaciones.

La historia de esa sentencia se remonta a 2020, cuando un grupo de periodistas presentamos una acción de tutela al Consejo Nacional Electoral denunciando matoneo en redes por parte de políticos descontentos con nuestros trabajos periodísticos. Fue un ejercicio acompañado por la FLIP, en el que fue posible lo impensable: reunir a varias periodistas con miradas tan distintas del país y del periodismo. De las demandantes también hacen parte mujeres tan distintas como María Jimena Duzán, Vicky Dávila, Cecilia Orozco, Claudia Gurisatti y Camila Zuluaga.

Esa diversidad evidencia que los ataques vienen de todas partes y que las bodegas son igual de poderosas en el uribismo, en el petrismo y en otros lugares del espectro político. Y, aunque el anonimato es propio del lenguaje y los modos de las redes, cuando de acoso digital se trata, los políticos merecen un capítulo aparte. Porque su voz les habla a miles de fanáticos y seguidores y porque, con tan solo retrinar una ofensa, enardecen a sus hordas digitales. En el caso de las periodistas, esas ofensas se han dado además en su condición de mujeres: a Dávila las bodegas la acusaron de “prepago” y de “paraca”; a Orozco, de “guerrillera disfrazada”; a Zuluaga la infantilizaron con un “CamilaEstásPillada”, a Maryuri Trujillo la trataron de “vieja chismosa y envidiosa” y a Duzán de “cómplice de la Far”. Esos calificativos se usaron –y se siguen usando– para descalificar notas de prensa relacionadas con los jefes de las bodegas.

Cuatro años después, alivia que algo se haya podido hacer. Tras ires y venires jurídicos, la Corte Constitucional ordenó a los partidos y movimientos adoptar directrices para castigar la violencia en línea y que “afecta de manera diferenciada a las mujeres que se desempeñan en la esfera pública como sucede con las mujeres periodistas”.

Además, determinó que el Congreso debe cumplir con las normas internacionales. Y, lo más interesante, ordenó al Ministerio de Justicia y al Mintic presentar en un plazo de tres meses un proyecto de ley para regular la violencia digital contra las periodistas.

El papel aguanta todo, pero lo clave de la sentencia es el mensaje que envía al poder y a quienes lo buscan y ejercen acerca de sus actitudes ante la prensa y ante la crítica. Si las medidas fueran efectivas, habría algún tipo de talanqueras a comentarios como el que esta semana hizo Daniel Rojas, jefe de la SAE, argumentando que el matoneo de las bodegas gobiernistas es ‘control social’.

Presentar pronto el proyecto de ley propuesto por los magistrados legitimaría el discurso progresista del gobierno. Según la Corte, el plazo para hacerlo debería estar cerca. Se trata de defender las libertades democráticas, tal y como lo hizo un grupo de mujeres muy diferentes y que en 2020 se unieron para reivindicar ante el poder su oficio como periodistas.