Cuando se piensa que los riesgos del Acuerdo de Paz han tocado fondo, como ocurrió con las objeciones de Iván Duque a la JEP, siempre aparece algo más. Porque desde el plebiscito nada ha sido fácil. Incluso durante el gobierno Petro, frente al que había esperanzas por su afinidad con la paz, los cambios en la arquitectura institucional, la creación de una Unidad de Implementación poco operativa y una gestión mediocre hicieron que la implementación de lo acordado no avanzara con la velocidad esperada.
Ahora, diez años después de la firma, el Acuerdo enfrenta una fragilidad distinta. Desde el nuevo poder nacional se anuncian cambios para reemplazar la narrativa de la paz por la de la seguridad; se estigmatiza a los firmantes; se amenaza con encarcelar a miembros del antiguo Secretariado que comparecen ante la JEP; se propone acabar esa jurisdicción y transformar toda la institucionalidad de paz para meterla forzadamente en una estructura de seguridad. A eso se suman la posible desfinanciación y el abandono de reformas sociales: formalización rural, PDET, sustitución de cultivos y reparación a las víctimas.
No son amenazas menores. Cada señalamiento contra los firmantes se traduce en hostigamientos, asesinatos o nuevas deserciones. En más matazón. Pastor Alape, ex Farc y líder de reincorporación, advirtió en este diario que prometer cárcel para quienes dejaron las armas legitima a los actores armados que buscan seducir a excombatientes para que vuelvan al conflicto. El 85 % de los firmantes ha cumplido con lo acordado. Ponerlos bajo sospecha colectiva es injusto e irresponsable.
Todo esto ocurre cuando la Misión de Verificación de Naciones Unidas parece bajita de punto. Desde la salida de Carlos Ruiz y la llegada de Miroslav Jena como jefe, su presencia pública y su interlocución se perciben debilitadas. Es evidente la ausencia de pronunciamientos contundentes frente a las amenazas coyunturales. Ejemplo de ello es que, en su reciente intervención ante el Consejo de Seguridad, Jena no mencionó los anuncios hechos por el nuevo presidente de acabar la JEP, encarcelar comparecientes o sustituir la institucionalidad de paz por una mirada exclusivamente de seguridad. Ni mú sobre eso.
No se trata de que intervenga en la política interna. Se trata de que cumpla con verificar, acompañar y advertir. La Misión no llegó a Colombia para limitarse a producir informes, sino para proteger la implementación en momentos difíciles. Acompañó el desarme con 500 observadores militares y luego incidió en la reincorporación, la seguridad de los firmantes y los proyectos productivos territoriales. Esa presencia dejó resultados y hoy enfrenta un vacío.
El Acuerdo ha tenido salvaguardias valiosas. El Congreso se le plantó a Duque cuando quiso acabar con la JEP; la sociedad civil ha defendido lo ganado y la comunidad internacional ha sido clave. Incluso Estados Unidos reiteró recientemente ante el Consejo de Seguridad su respeto por lo acordado.
Ahora llega como representante adjunta Claudia Mujica, conocedora del proceso colombiano. Ojalá ayude a recuperar una Misión que durante una década fue decisiva. Cuando el Acuerdo está bajo fuego no es momento de bajar el volumen, sino cuando más se necesitan pilas para defenderlo. La paz también necesita que la Misión recupere su voz.
Por Lariza Pizano
