Diez días después de que se supo del bombardeo en el Guaviare en el que oficialmente murió una niña, el Estado no ha dicho nada. Ni el presidente, ni la primera dama, ni ningún ministro, ni ningún asesor han salido a lamentar que las bombas le hayan caído encima a Danna Lizeth Montilla y tal vez a Yeimi Sofía Vega también.
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El día en que se supo del bombardeo, la respuesta desde el Ministerio de Defensa fue que había que esperar los anuncios de las autoridades competentes. Hasta donde se sabe, Medicina Legal, que ya identificó a una de las adolescentes, es una autoridad competente. Tan competente como la Defensoría del Pueblo, entidad que en 2019 ya había advertido lo que sucedería con los niños de Calamar.
La alerta temprana de la Defensoría emitida para prevenir el reclutamiento infantil en el Guaviare se publicó hace 20 meses. En ella aparecen acciones concretas que el Estado habría podido hacer para evitar lo que sucedió con las niñas bombardeadas.
La alerta era explícita en decir que “se requiere especial atención para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades nükak y jiw en situación de desplazamiento… Esta población, a pesar de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, presenta problemas relacionados con su salud, educación, alimentación y seguridad. La grave situación humanitaria que afronta esta población ha propiciado que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes indígenas inicien a temprana edad el consumo de sustancias psicoactivas, sean víctimas de abusos sexuales o ingresen a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona”.
Advirtió la Defensoría que los riesgos de reclutamiento se ven agravados por la expansión de “los frentes disidentes de las Farc-Ep” por los territorios rurales de San José del Guaviare, Retorno y Calamar desde 2018, y por las dinámicas de “los grupos posdesmovilización de las Auc”. Para evitar esos riesgos, la entidad encargada de los derechos humanos recomendó fortalecer las personerías de esos municipios, impulsar internados educativos para cuidar a los niños y niñas, y formar a maestros en rutas antirreclutamiento, entre otras acciones.
Cuatro meses antes de la tragedia, un maestro activó esa ruta para proteger a Danna Lizeth Montilla. Pero nada pasó, como no pasó tampoco con las advertencias que hizo el ICBF al pedir que se reestablecieran los derechos de 465 menores desvinculados del Eln y otros grupos. Su dedicada directora, Lina Arbeláez, pidió a la Fiscalía investigar esos casos para determinar responsables de reclutamientos.
Por si fuera poco, durante el año 2017 y los primeros nueve meses de 2018, la Unidad para las Víctimas reportó el desplazamiento de 111 niños, niñas y adolescentes en esa región. A la hora de bombardear, ni la Unidad, ni la Defensoría, ni el profesor fueron considerados autoridades competentes.
La culpa de los reclutadores no es suficiente para que parte del Estado evada su responsabilidad. No hay disyuntiva: Calamar y sus alrededores son morideros devastados por la coca, por la deforestación, por las disidencias, por los paras y por la ausencia estatal. Allí plomo es lo que hay.
Por Lariza Pizano
