No es la naturaleza

“Un terremoto dura segundos, pero la vulnerabilidad se construye durante años”: Lariza Pizano.

Foto: EFE - Mario Baos

Contra los pobres no se ensaña la naturaleza, se ensaña la pobreza. La naturaleza es impredecible; la vulnerabilidad no. En un país con la mayor desigualdad de ingresos de la OCDE y entre los más desiguales del mundo, era previsible que el temblor de hace dos semanas golpeara de manera distinta a unos y a otros.

La pobreza se ensaña cuando obliga a construir por etapas, plancha por plancha, sin estudios de suelo, sin cálculos estructurales y sin control urbanístico. Se ensaña cuando vivir en buenos suelos vale más, los materiales de calidad cuestan un ojo y cuando el Estado llega tarde, no llega o mira para otro lado. ¿Quién vigila cómo se construye en los barrios populares? ¿Quién controla las ampliaciones, los segundos y terceros pisos, las viviendas levantadas a retazos o en terrenos inestables? ¿En dónde está la Ley?

Por eso es tan pobre la explicación que reduce lo ocurrido hace dos semanas una fatalidad inevitable. Los terremotos no se pueden prever pero sus repercusiones sí. Que lo diga Japón. La pregunta debe ser por qué unas viviendas resistieron y otras no, y qué responsabilidades quedaron bajo los escombros de las clases medias y bajas. En un país con tanta miseria, las resistencias antisísmicas son un lujo como lo son la salud o la justicia. No es Dios quien se ensaña contra los pobres, son los demonios de la corrupción y el statu quo los que sí lo hacen.

En Cali, Pereira o Armenia también se cayeron edificaciones de sectores medios. Ahí aparecen las culpas de los funcionarios que permiten, de los curadores que autorizan, de constructores que buscan reducir costos al límite y asesores cuya tarea es maximizar la rentabilidad, incluso cuando eso termina arriesgando vidas. No siempre pasa, por supuesto, pero sí lo suficiente como para que Colombia conozca desde hace años escándalos por licencias, usos del suelo y curadores.

La Procuraduría advirtió hace años sobre el “volteo de tierras”: pagos y presiones para cambiar el uso de un suelo y hacerlo más rentable. El entonces senador Carlos Fernando Galán lideró esos debates para el caso de Cundinamarca. Transparencia por Colombia también ha documentado cómo la debilidad de la planeación municipal y la plata por debajo de la mesa permea los POT, las licencias y las normas de construcción. Cali, Armenia, Pereira, Medellín o Quibdó han tenido investigaciones o controversias de este tipo. El caso Space en Medellín debería bastar para recordar la corrupción asesina que reina en la planeación urbana.

Las ciudades colombianas se han levantado a retazos, sin planeación, sin paisajismo y a pesar de las circunstancias. Aunque los estados locales son más eficientes que el nacional, ahí también actúan los intereses económicos de muchos políticos. Concejales que se dejan comprar para cambiar POTs o para impulsar detalles en un Código de construcción son también responsables de que cuando tiembla o diluvia las irregularidades se conviertan en escombros.

Se sabe que Colombia es un territorio de alto riesgo sísmico. Lo que no puede seguir haciendo es fingir sorpresa cada vez que la tragedia expone lo que ya sabíamos. Un terremoto dura segundos, pero la vulnerabilidad se construye durante años.