En psiquiatría, la normalización del dolor se refiere al proceso mediante el cual una persona minimiza, racionaliza o acepta el sufrimiento emocional como algo común o inevitable. Esta actitud puede ser consciente o no, y suele presentarse en quienes han vivido traumas o abusos.
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En Colombia esta normalización parece ser colectiva. Sea cual sea la cifra de muertos y víctimas del conflicto armado, el dolor ha generado una aceptación que se traduce en la incapacidad de sorprenderse con las catástrofes. Entre más horrorosas son las noticias, más se minimizan en el debate público y se diluyen en las redes sociales.
Así, las noticias más leídas en el último mes fueron la reacción de una mujer al ganarse la lotería y la tristeza de Amparo Grisales por el aniversario de la muerte de su perro; pocos medios reportearon a profundidad dos hechos inconcebibles: el asesinato de una familia de pastores cristianos en Aguachica y el hallazgo de una fosa de desaparecidos en el sector conocido como La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Ambos casos que revelan crueldad cotidiana e la indiferencia generalizada ante la inmensa capacidad de causar dolor. Una crueldad que también se relaciona con la actitud quienes prefieren no pensar en cómo llegamos hasta aquí. “Yo ya ni veo noticias”, dicen.
La violencia contra pastores y líderes religiosos no ha sido esporádica en el conflicto colombiano. La Comisión de la Verdad documentó motivos que van desde las barreras que pone el trabajo pastoral al reclutamiento de jóvenes por parte de ilegales, hasta el uso de iglesias para lavar dinero narco.
La familia de pastores asesinada en Aguachica era querida en la comunidad por su labor espiritual. Matarla a tiros merece investigaciones sobre una violencia que desborda el irrespeto a la libertad religiosa. Según la Defensoría, entre enero y septiembre de 2024 se duplicaron las amenazas contra líderes religiosos frente a 2023.
En cuanto a La Escombrera, ese horror merece que el aparato judicial opere y que el periodismo no deje de indagar. Que en el corazón de Medellín haya existido una fosa clandestina de víctimas de desaparición forzada durante las operaciones estatales y la violencia paramilitar de principios de los 2000 debería ser un escándalo para el mundo. Aunque no falta quién procure matizar la gravedad de los hechos, las evidencias son contundentes.
“Las operaciones Orión, Mariscal y Antorcha no fueron batallas épicas, sino acciones oscuras que deterioraron el Estado de Derecho”, dijo el magistrado Gustavo Salazar, el valiente magistrado de la JEP que lideró las investigaciones en La Escombrera y que ahora se enfrenta a los ataques de quienes tenían el poder cuando el basurero se llenó de cadáveres.
Cuatro predicadores asesinados y al menos 500 desaparecidos en pleno Medellín deberían aterrar, pero pronto se vuelven periódico de ayer. Mientras tanto, los hallazgos siguen confirmando lo doloroso y trágico que es vivir en un país que es tan violento que normaliza su historia y que repite anestesiado que es el lugar de la belleza. Como si matar, olvidar y acostumbrarse al maltrato no fuera horroroso y miserable.
Por Lariza Pizano
