Cada vez más, el simplismo propio de la radicalización política es el que define el cubrimiento noticioso. Los lugares comunes, las frases de cajón y los debates inflados reemplazan el periodismo que cuestiona. Los grandes medios siempre han tenido orientaciones políticas, pero cuando aún tenían vida algunos independientes, los hallazgos periodísticos moldearon la opinión pública y cambiaron el tablero: el Proceso 8.000 marcó el rumbo electoral del 96; la parapolítica cambió el mapa regional y el carrusel de la contratación generó un escepticismo bogotano que aún no se disipa. Hoy ocurre al revés: buena parte de la prensa se limita a amplificar los temas que el poder pone a circular, sin detenerse a preguntar si son reales o siquiera relevantes.
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El caso más reciente es el de las lanchas bombardeadas en aguas colombo-venezolanas. Aquí, la cobertura se ha reducido a contar cuántas fueron destruidas y con cuantos muertos, y el análisis del tema ha estado limitado a las opiniones de los expresidentes. Mientras tanto, salas de redacción serias se hacen las preguntas que pocos formulan. El New York Times planteó varias la semana pasada: ¿en qué momento Estados Unidos pasó a tener un presidente que viola abiertamente la ley? ¿Cómo decide qué embarcaciones atacar? ¿Qué pruebas sustentan esos bombardeos? En nuestro caso, ¿alguna emisora se preguntó si es legal volar lanchas así? ¿O qué significa que Trump justifique la muerte de pescadores al decir que “no estarían pescando sardinas”?
Lo mismo ocurre con la constituyente, el tema estrella de la semana pasada. Cientos de titulares circularon sobre una propuesta que no tiene asidero, puesta en circulación desde Palacio como globo de ensayo. Nadie se pregunta por qué una idea ni siquiera viable domina la conversación nacional, ni qué debates de fondo logra distraer. El ruido político ocupa el lugar de la noticia.
Días antes, con el fallo que absolvió a Álvaro Uribe, ya se había visto la misma la fórmula. Salvo excepciones como este diario o La Silla Vacía, casi nadie cuestionó las contradicciones entre el Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema, ni el efecto que decisiones tan opuestas tienen sobre la confianza en la justicia. ¿Algún artículo de portada se preguntó a quién se refería Uribe cuando dijo “a ese preso hay que ayudarlo, mire a ver cómo se le puede colaborar”? ¿O por qué la Corte consideró esas frases prueba de manipulación, mientras el tribunal las descartó? Las reacciones políticas dejaron poco espacio a la investigación de las razones jurídicas.
Y en la cobertura electoral del 26, ocho días después de los comicios el guion siguió siendo el mismo: un desfile de opinadores calificando resultados como buenos o malos, sin contexto ni análisis. Pocos plantean hipótesis sobre las razones que han llevado a la derechización de César Gaviria, o a que la izquierda, que durante décadas en Colombia no superó el margen testimonial, hoy no baje del 30 % del voto nacional. Un dato como esos en cualquier democracia madura, y tras un Acuerdo de Paz, habría generado muchas preguntas para la primera plana.