Páginas por pasar

Lo que sucede en Colombia no es que las historias se repiten, sino que la falta de consensos e instituciones hace que sea difícil pasar del todo las páginas. La idea de prohibir los toros se discute periódicamente, la vía al Llano vuelve a tener derrumbes por enésima vez, la discusión sobre la participación política de las Farc sigue tratando de instrumentalizarse cinco años después de firmado el Acuerdo, Bogotá lleva otros diez discutiendo si en la séptima va o no Transmilenio. Y ahí están los predios, la gente, los taurinos, los antitaurinos, los periodistas, los funcionarios, esperando que se tomen decisiones que por fin sean definitivas.

Esas páginas están tan abiertas como las de ladrones como Emilio Tapia, que vuelve a rondar la contratación estatal y después de una década sigue buscando tumbar a la gente. O como las de personas buenas como Martha Sepúlveda, porque un burócrata se creyó dueño de su dolor y echó para atrás los planes de su propia muerte. Y el Congreso no legisla, porque una y otra vez viene el populismo antes de elecciones. Nunca está dicha la última palabra.

Eso tiene de bueno que se pueden echar para atrás decisiones antidemocráticas como la reelección presidencial. Pero tiene de malo que la incertidumbre siempre está, que todo se mueve al vaivén de la política y que los titulares son los mismos.

En otras partes del mundo, incluso en medio de la radicalización, ya muchas cosas han podido ser inventadas, el precedente judicial ayuda a tomar decisiones y las obras se concluyen. Hay certezas para la vida, páginas pasadas. Y todo porque existen decisiones estatales, consistentes, de largo plazo. Instituciones formales, Estados viables y precedentes que importan.

Pero en Colombia las fuerzas políticas pesan más que cualquier institución. Dependiendo del péndulo se decide si las ciudades crecen en altura o a lo ancho, si la JEP se respeta o se objeta, si los países garantes de un Acuerdo de Paz son amigos o si son declarados terroristas. La planeación no existe y la justicia no ayuda. Décadas después se siguen revisando las causas de asesinatos que han generado dolores colectivos, como los de Carlos Pizarro, Álvaro Gómez, Jaime Garzón o Eduardo Umaña, para citar algunos.

Porque ante la fuerza del discurso político hay poca institucionalidad que valga. Que lo diga Duque, que defiende, contra unas normas universales, la legitimidad del bombardeo en el que murieron cuatro niños. Nada le costaba tener un poquito de empatía, porque la muerte de un niño es la muerte de un niño, y disimular que algo sabe un presidente de las obligaciones del Estado. Porque él las echa para atrás, pero están en el papel.

Pero, así como están abiertos los capítulos, siempre hay oportunidades de cerrarlos. Una próxima será la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad. El presidente tuvo un momento de sensatez al defender que su entrega sea después de elecciones. Cuando baje la marea electoral, ojalá ese sea un camino para que en el país de los secuestradores y revisionistas al menos alguna página se pueda pasar. Alguna.