Se sabe que una de las decisiones del Gobierno frente a los diálogos con el Eln es que no serán espejo del proceso con las Farc. Sin embargo, de lo exitosa que sea la implementación del Acuerdo de 2016 dependerá la decisión de los elenos de terminar el conflicto por la vía negociada. Así mismo, de la implementación depende la legitimidad de un posible acuerdo con el Eln que, aunque cuenta con el apoyo del 67 % de los colombianos, según la encuesta Invamer de octubre, aún genera profundas inquietudes y expectativas.
Es posible buscar acuerdos de paz mientras se avanza en la implementación de lo firmado con las Farc, sobre lo que el Gobierno debería mostrar mayor convencimiento. Poco se ha oído al comisionado Rueda hablar del acuerdo de La Habana y hechos como la eliminación de la Consejería para la Estabilización envían un mensaje inconveniente. Desde esa Consejería y a pesar del Gobierno Duque, Archila en algo ordenó la casa. Ojalá que Gloria Cuartas, recién nombrada en la ahora Unidad de Implementación, tenga autonomía, presupuesto y poder para decidir, sin lo cual no podrá avanzar.
Casi tres meses después de que Duque dejó el poder, el desdén del expresidente por la paz no puede seguir siendo argumento de los pacifistas para explicar los obstáculos en el proceso. Él ya es irrelevante y para el Gobierno Petro el reto es único: impulsar lo pactado por el Estado en La Habana puede ser un incentivo para otros grupos que buscan estar en la jugada de la paz total. De lo contrario, las expectativas de lo que esperan recibir para dejar de utilizar las armas —independientemente de si las entregan o no— serán mucho mayores.
No se debe olvidar que el corazón de toda esta historia se forjó en La Habana. Sacar adelante el Acuerdo tiene muchos retos y estaría bien oír al comisionado hablar de cómo superarlos, como lo han sugerido la Secretaría de Verificación, el Instituto Kroc y la Contraloría Delegada para el Posconflicto.
Según esta última, al ritmo actual, la implementación de lo pactado se lograría en 20 años y no en los 15 contemplados en el Acuerdo. En materia de reforma rural integral hay lentitud y en asuntos de participación política sigue habiendo falta de resultados significativos en la reducción de asesinatos de líderes sociales y violaciones a los derechos humanos. A los anteriores retos se suman la necesidad de lograr la estabilidad económica de las personas reincorporadas y la sostenibilidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Aunque la situación está menos mal que hace un tiempo, mostrar logros en esos y otros aspectos es crucial para avanzar con autoridad, sobre todo con el Eln, en cualquier nueva negociación seria. En las elecciones, muchas personas votaron contra la derecha porque, en caso de seguir en el gobierno, terminaría de hacer trizas la paz. En términos de la implementación de lo pactado con las Farc, el Gobierno Petro tiene el reto de demostrar que no solo era el opuesto a esa idea, sino que era la mejor alternativa para cumplir un acuerdo con el que el Estado colombiano, como suele suceder, aún está en deuda.
Por Lariza Pizano
