La reciente petición de Salvatore Mancuso al presidente Petro para hablar pasó casi inadvertida. En parte por el desprestigio de la Paz Total, atravesada por procesos sin método y decisiones erráticas frente a estructuras criminales.
Desde muchos sectores se insiste en que dialogar con Mancuso —y con otros actores armados— es abrirle la puerta a la impunidad. Y algo de razón hay: es irritante ver a criminales en tarimas, mientras escenas como las de Itagüí —fiestas en cárceles— erosionan cualquier narrativa de justicia.
Pero esa incomodidad no resuelve el problema de fondo. En un país atravesado por una justicia insuficiente, donde más del 90 % de los homicidios queda impune, las conversaciones terminan siendo, muchas veces, la única vía para reconstruir lo ocurrido. El número de crímenes que siguen sin esclarecerse crece cada día. Y cuando algo se logra saber, no suele ser por la capacidad investigativa del Estado, sino porque los perpetradores hablan: paramilitares, guerrilleros o agentes estatales que, en algún momento, deciden contar.
El caso del atentado contra el excongresista y líder sindical Wilson Borja lo ilustra bien. En 2002 fue baleado en Bogotá, y hace dos años –23 después del atentado—murió sin saber quién dio la orden. Hubo dos condenas: un paramilitar y un exoficial del Ejército; se estableció una alianza criminal entre estructuras de Carlos Castaño y sectores estatales, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el hecho como parte de la violencia contra la UP. Pero la verdad quedó incompleta: los máximos responsables nunca fueron identificados ni castigados. Y eso ya se fue así.
El suyo no es un caso aislado. En otros en los que también está la sombra de Mancuso como las masacres de El Aro, La Granja, Mapiripán; el despojo de tierras en Córdoba y Urabá; asesinatos de líderes sociales y sindicales; o crímenes como el de Jesús María Valle, la responsabilidad se diluye en categorías genéricas —“los paras”, “las autodefensas”— mientras persisten tres niveles de impunidad. La penal, porque no todos han sido condenados; estructural, porque no se han esclarecido las redes políticas, económicas y militares; e histórica, porque aún hay muchas cosas sin saberse del fenómeno paramilitar.
En ese contexto, para muchas víctimas la verdad no está en los expedientes sino en la voz de los victimarios. La familia de Borja lo ha dicho: en medio de tanta impunidad, la única posibilidad de saber qué ocurrió es que Mancuso hable. Que diga lo que el sistema judicial no ha podido reconstruir.
Una tragedia judicial similar y con otro victimario la reconoció Juan Fernando Cristo cuando defendía los diálogos con el ELN: su expectativa era saber por qué ordenaron matar a su padre. Era la única esperanza, pues ni siquiera su cercanía a presidentes y fiscales le ha dado esa respuesta.
Volviendo a Mancuso, según balances de la justicia transicional, menos del 30 % de los crímenes confesados por él han tenido un desenlace judicial. El resto, habita en zonas oscuras.
Es fácil oponerse a que hablen los matones. Lo difícil es ofrecer una alternativa real para conocer la verdad. En contextos de altísima impunidad, el silencio protege a los responsables y la memoria pasa a depender de los victimarios. Por eso, para muchos, ¡que hable Mancuso!
Por Lariza Pizano
