Las narrativas comunicacionales de los populistas, de izquierda o de derecha, son la arquitectura para administrar odios y mantener legitimidad. Toda una estrategia basada en la radicalización que tiene aún más arraigo en contextos polarizados y en los que el ganador ha triunfado con poco margen de diferencia.
En 2016 y en 2024 Trump fue elegido con más colegios electorales, pero con menos votación popular que su contradictor. Para mantener la popularidad entre sus huestes, aumenta su burdeza deliberadamente. Cuando llama a Infantino para intervenir en una decisión del Mundial o acusa al Smithsonian de contar mal la historia de Estados Unidos por hablar de raza, género y colonialismo, no busca conquistar demócratas. Tampoco lo hace de distraído: deliberadamente actúa como ramplón y lo comunica para seguir inspirando el latido más godo del corazón de los republicanos.
En América Latina, en cambio, el autoritarismo ha sido ceremonioso. Tal vez por una herencia española en la que el poder necesitaba cédulas reales, cabildos, audiencias, sellos, actas y permisos para mostrar legitimidad, las repúblicas bananeras heredaron una obsesión por cubrir los abusos y las actitudes extremas con formalismos e hipocresías. Los dictadores han buscado esconder sus intenciones argumentando proyectos institucionales. Tras el golpe de cada uno, Rojas Pinilla dijo que Colombia volvería a ser “una democracia auténtica”, Pinochet aseguró que “de cuando en cuando, la democracia debe bañarse en sangre” y Maduro insistió en que Venezuela tenía una “democracia sólida”.
Expresiones como “patria milagro” o “empalme anticorrupción” no son inocentes. Pertenecen a una narrativa nacionalista y de extrema —extremísima— derecha, disimulada con legalismo. Muchos votaron convencidos de que defendían las instituciones frente a la idea absurda, tóxica y antiestratégica de Petro de impulsar una constituyente. El empalme, presentado como cruzada por la anticorrupción, mantiene viva esa idea: orden, papeles, denuncias, actas, pureza. Una pureza y una institucionalidad que se presenta como opuesta a un gobierno en el que sí, hubo corrupción, pero que va de salida.
Pero tanto amor por las instituciones no es lo que parece. Ni convertir la JEP en botín de revancha; ni insinuar una educación orientada por moral religiosa, como si Colombia no fuera un Estado laico; ni revivir agendas contra derechos de parejas del mismo sexo; ni sugerir salidas de la ONU, de la OEA o del Sistema Interamericano; ni gobernar por decreto; ni desconocer cortes; ni fumigar contra límites judiciales; ni levantarse de un empalme que debe ser técnico y servir al interés general, es institucional. Todas esas son promesas de campaña, consecuentes con anuncios de un equipo que ganó en las urnas, pero que resultan tan transgresoras de la Constitución como la amenaza de una constituyente.
Las cosas serían más sencillas si quien llega al poder dejara de darle vuelta a sus promesas. Ya ganó. Podría inspirarse en la franqueza de Trump y hablar de frente contra la Constitución, para después sí empezar a erosionarla.
Por Lariza Pizano
