Contrario a lo que se presume, durante el gobierno de Gustavo Petro no bajaron las movilizaciones sociales. La Defensoría registró 1.427 eventos en 2022 y 3.832 en 2024. La protesta no se desactivó. Cambió.
Durante el gobierno Duque, el malestar terminó reunido bajo una misma sombrilla nacional. El Paro de 2021 articuló a estudiantes, jóvenes, sindicatos, indígenas y organizaciones sociales alrededor de demandas económicas, sociales y contra la violencia policial. En contraste, bajo Petro predominaron conflictos simultáneos, pero separados: maestros por educación y salud; camioneros por el diésel; arroceros por los precios; el Caribe por las tarifas de energía; y comunidades por vivienda, tierra, servicios o inversión estatal. En 2024, los conflictos fueron sobre todo laborales, de servicios públicos y educativos: elevados, pero fragmentados. No es comparable con una ola nacional y sostenida como la de 2021.
Ese cambio tuvo razones políticas. Muchos de quienes históricamente se movilizaban —maestros, sindicatos, estudiantes, indígenas, campesinos, poblaciones afro y jóvenes— eligieron a Petro y, aun con frustraciones, se sintieron reconocidos. La representación, real o simbólica, despresurizó la calle. A eso se sumaron factores de popularidad: la de Duque fue la más baja en años y la de Petro se acercó a la de Uribe.
También cambió el tratamiento estatal. Hubo episodios graves y localizados, como el de Los Pozos, donde en 2023 murieron un campesino y un policía. Sin embargo, no existió una secuencia nacional comparable con 2021. El ESMAD se convirtió en la UNDMO, con prioridad para el diálogo, y las grandes marchas opositoras transcurrieron, en general, sin una respuesta diseñada para convertir al contradictor en enemigo. En las ciudades no hubo balas de goma, ni CAI incendiados ni ojos perdidos. Ese se suma a otro legado valioso: en todos los sectores sociales movilizarse comenzó a asumirse con mayor naturalidad como un derecho.
Con De la Espriella la naturaleza de la protesta volverá a cambiar. Seguramente habrá certezas regulatorias, afinidad con los gremios y señales claras para la inversión. Pero esa tranquilidad empresarial puede convivir con una enorme turbulencia social. Llegan al Gobierno sectores que han hablado de recuperar el ESMAD, impedir bloqueos con mano dura y que asocian la protesta con vandalismo, crimen y desorden. Esa doctrina encontrará organizaciones conscientes de sus derechos, jóvenes activados, sindicatos y causas ambientales, animalistas, culturales, étnicas y de género que ganaron voz.
El desprecio al manifestante suele leerse como aporofobia derechosa y solo sirve para caldear los ánimos. Además, De la Espriella ofreció un milagro: una promesa imposible. Cuando las expectativas choquen con las restricciones fiscales, muchos de quienes creyeron en ese milagro también reclamarán en las calles.
Vienen tiempos complejos y un escenario social movidito. La ecuación de Petro —incertidumbre regulatoria y menor tensión social agregada— puede darse vuelta: más certeza para los mercados y una protesta tenaz, nacional y multisectorial. Si el nuevo Estado confunde autoridad con criminalización y renuncia a la empatía mínima con el derecho a manifestarse, Colombia puede volver a mirar de frente el angustioso escenario de protestas que tuvo lugar en el gobierno de Duque y con la pandemia.
Por Lariza Pizano
