Tramitar la muerte

La semana que pasó, llegó a 389 el número de firmantes de paz de las FARC asesinados.

Entre asesinato y asesinato, con la tinta fresca del Informe Final de la Comisión de la Verdad, aún sigue sin entenderse cuál ha sido la particularidad colombiana para explicar el perpetuo reciclaje de la violencia.

Las explicaciones han sido generales y, si bien responden por qué pasó lo que le pasó a este país, no permiten entender por qué a otros no. Argentina fue racista, Perú también ha sido clasista y Brasil fue esclavista, pero en esos países la gente se ha matado menos.

El análisis comparado es fundamental para responder los porqués. Un texto que lo hace es ¿Una historia simple?, de Francisco Gutiérrez, escrito para la Comisión Histórica del Conflicto en 2015. En él se anota que el narcotráfico, los patrones de violencia de las guerrillas contra los civiles, el uso privado de la seguridad y la convivencia entre legalidad e ilegalidad en el sistema político se combinaron para alimentar el conflicto colombiano. Para explicar la perpetuidad, el texto considera el papel de la venganza. “Como afirmara Rojas Pinilla, la violencia en Colombia puede verse también como una combinación de grandes odios y pequeñas rencillas. Sumemos la destrucción masiva de vidas y propiedades, que produjo a cientos de miles de colombianos daños irreparables, suscitando entre muchas víctimas sentimientos que podían ir desde la humillación hasta el odio y el deseo de venganza”, apunta Gutiérrez.

Los poderosos en Colombia también han sido víctimas. Sus devenires y los de las fuerzas que representan han tenido que ver con la manera como han tramitado sus pérdidas. Iván Cepeda, Carlos y Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara, Álvaro Uribe, María José y María del Mar Pizarro, por ejemplo, lo han buscado de formas distintas. Mientras unos se han obsesionado con encontrar a los responsables, incluso alimentando la guerra, otros han decidido otras rutas.

Sobre las implicaciones de cómo los políticos tramitan el dolor, llama la atención el libro que acaba de lanzar Juan Fernando Cristo: Cartas a mi padre. El texto plantea las decisiones emocionales de un hijo frente al asesinato de su padre por el ELN en 1997. Dice Cristo que encontró en el trámite de la Ley de Víctimas (2011) la mejor reparación y que, desde el poder, pudo reconocerse como una más. “No me obsesioné con búsquedas judiciales, sabía que era inane”, argumenta, como también lo ha hecho, por ejemplo, Yesid Reyes, exministro de Justicia, cuyo padre fue asesinado en el Palacio.

En el texto se revela la conciencia de que la justicia es coja, incluso para los poderosos. ¿Cómo será entonces para los pobres, los jóvenes y los firmantes de paz? Recuerda Cristo que ni con la ayuda de Alfonso Gómez como fiscal se pudo identificar a los responsables del asesinato. Tampoco cuando, como negociador, habló con Pablo Beltrán. “Tal vez si hay un diálogo, se logre”, concluye el exministro, reivindicando una forma realista, pero pacífica, de tramitar la pérdida de su padre.

P. D. Quienes festejaron la salida del Ñoño Elías de la cárcel no son seguidores irracionales: creen más en el poder de la corrupción que en el del Estado. Sus razones tendrán.