El delito de opinión no existe, como dicen los congresistas que han salido a defender las frases de Trump y a pedir, con sorprendente entusiasmo, una intervención gringa en Colombia. Y tienen razón: opinar es legítimo en una democracia. Lo que sí es censurable es cambiar de opinión según convenga a los intereses políticos del momento. Paradójicamente, quien defendía el derecho a cambiar de opinión era Santos, convertido luego en el enemigo más acérrimo de esta derecha, cuando al apostarle a la paz anotó que “solo los idiotas no cambian de opinión”. Ahora, siguiendo esa línea teórica, sueñan con que Colombia se vuelva como Venezuela.
Porque desean exactamente eso: que este país tan tropical también amanezca con helicópteros a las cuatro de la mañana y que se lleven a Gustavo Petro —con hijos incluidos— a una prisión gringa. Pletóricos, algunos candidatos de derecha celebran que “se hayan llevado a Maduro” y prometen extradiciones exprés si es que los estadounidenses no llegan antes. “¡Defender la democracia, maestro!”: esa siempre ha sido su bandera para justificar acciones desproporcionadas al mejor estilo de una república bananera.
Demandar a congresistas por traición a la patria por cuenta de una opinión —como lo ha sugerido el ministro Sanguino— es inconsistente y autoritario. En términos generales, en política cualquiera puede opinar. En eso tiene razón la representante Lina Garrido, recordada por su tropical intervención para inaugurar el último período legislativo en el Congreso, y ahora célebre por pedir abiertamente una acción militar de Estados Unidos en Colombia al trinar: “Bienvenido, presidente Trump. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto, por favor”.
Lo verdaderamente antidemocrático no es criticar a Petro: es clamar por una intervención extranjera en Colombia. Es validarla con eufemismos, como lo hace Uribe cuando afirma confiar en la “táctica” de Estados Unidos, aunque admite no conocerla, tal y como lo dijo en una reciente entrevista a El Tiempo. Pero alabar una intervención sin saber en qué consiste no es prudencia: es sometimiento. En contraste, el expresidente y sus huestes no dijeron ni mu para celebrar la reciente conversación de Petro y Trump, y la esperanza que abrió de recuperar canales diplomáticos.
Criticar el intervencionismo no significa ser “de la Far” ni pro-Maduro. Se puede considerar que Maduro es un dictador de república petrolera y, al mismo tiempo, privilegiar la democracia al rechazar la intervención gringa como salida política. Desde ese lugar, ofende ver a Juan Carlos Pinzón, experto en volteretas ideológicas, o a Garrido, haciendo fila para invitar a Trump a pasar por Colombia mientras se proclaman defensores de la Constitución del 91. Es la vieja pulsión nacional: más que independencia, desde entonces los criollos querían parecerse a los españoles. Y hoy hay una derecha que, más que democrática, quiere ser de Miami; una derecha que mira al norte con devoción y a su propio país con desprecio y desconfianza.
Desde 2011, cuando Uribe decidió imponer el miedo al castrochavismo, la amenaza fue volvernos como el país vecino. Se entiende que ese ha sido un gran recurso electoral y narrativo. La inconsistencia —la trampa— es que ahora, por amor a un antidemócrata como Trump, los seguidores del caudillo quieren que Colombia, en nombre de la democracia, en esta coyuntura sí se parezca a Venezuela.
Por Lariza Pizano
