Un cierre judicial

Lariza Pizano
06 de noviembre de 2022 - 05:30 a. m.

La violencia vivida en Bogotá durante las protestas masivas en 2019 y 2021 rompió el contrato social de la ciudad. Primero, por la respuesta policial, reactiva y exagerada, ordenada por el Gobierno Duque contra las movilizaciones estudiantiles que clamaban interlocución. Segundo, por la declaración de un toque de queda justificado en la mentira de unos vándalos con palos que nunca existieron. Y, tercero, por el impulso sutil a las acciones violentas de policías a los que, empoderados como héroes, se les fue la mano y el fuego.

Expertos sugirieron a Duque calmar a la policía, pero no hizo caso. Argumentaba que con la pandemia la gente no iba a salir a la calle a protestar. Por ingenuidad o por seguir el ejemplo de Turbay, después de que se conocieran las denuncias de abuso policial en septiembre de 2020 y de 2021, el presidente se disfrazó de policía.

El 2021 fue particularmente complejo. Aunque la pandemia ya cedía, la degradación del paro nacional afectó más la salud mental de los bogotanos que el COVID. Manifestantes también mandaron a la porra las reglas de convivencia, quemando algunos CAI y atacando Transmilenio. Desde entonces, el sistema de transporte masivo se convirtió en objeto de catarsis de todos los problemas: la falta de oportunidades, la pobreza, los salarios, los cupos escolares... El pasado jueves, mujeres que protestaban contra los terribles y dolorosos casos de abuso sexual en la ciudad destrozaron varias estaciones.

Ocho meses antes del paro, tres jóvenes perdieron la vida en el barrio Verbenal en medio del abuso policial. De hecho, ciudadanos y policías no se habían mirado con tanta desconfianza desde la masacre estudiantil de 1954.

Sembrada la enemistad, muchos manifestantes jóvenes fueron estigmatizados porque sí; otros, por la mala reputación que les generaron figuras como Sergio Pastor González, recientemente condenado por un juez por usar la violencia en las protestas. Su sentencia y la de otras cuatro personas por tortura y concierto para delinquir es valiosa, por ser una verdad judicial en medio de un limbo.

Las declaraciones amenazantes de González durante la semana pasada dejan ver una ausencia total de proyecto político en su proceder. “Me siento orgulloso de las cosas que hice”, asegura, a pesar las evidencias de su participación en actos vandálicos y de tortura. Fotos y videos facilitaron la decisión de inculparlo por participar de la golpiza a un transeúnte, ayudar a amarrarlo a un árbol, cubrirlo con pintura y echarle gasolina con la amenaza de prenderle fuego.

La decisión de la justicia reivindica a todos quienes sufrieron violencia en el paro y a los jóvenes que marcharon para defender unas propuestas y que tenían una visión elaborada, política, de lo colectivo y del mundo. Porque los cierres judiciales suelen anteceder a los cierres emocionales, para terminar de resolver las rupturas del pacto de convivencia bogotano que se dieron entre 2020 y 2021, también es clave que haya verdad judicial frente a los policías que cogieron a plomo a los manifestantes. También lo reclaman las familias de tres jóvenes asesinados en Verbenal y una ciudad que, desde los años 90, se enorgullecía de sus avances en cultura cívica y política.

Lariza Pizano

Por Lariza Pizano

Politóloga de la Universidad de los Andes, académica y especialista en política colombiana.

 

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