En los anuncios sobre su política migratoria, el presidente ha dicho que los colombianos deben estar primero. Y así es. El rollo es que hay varias formas de ponerlos primero. La que ha privilegiado el Gobierno responde a una fórmula histórica: protegernos de amenazas externas, entre las cuales siempre están los inmigrantes, en abstracto. Sin embargo, priorizar a quienes nacieron aquí atacando a quienes llegan y olvidando a quienes se fueron es contradictorio y limitado.
Primero, porque las sociedades más ricas económica, cultural y socialmente se han construido con mezclas. Parte del rezago de Colombia y de esa claustrofobia provinciana que se respira en el interior se explica porque históricamente los inmigrantes han sido vistos como marcianos. Mientras Argentina, Brasil o Uruguay promovían su llegada, aquí una Ley de 1922 permitió admitir extranjeros según sus condiciones “raciales”. Diez años después se fijaron cuotas para chinos, sirios, libaneses, palestinos, polacos y otros, y en 1938, justo cuando los judíos huían del nazismo, se endurecieron las visas para personas que habían perdido su nacionalidad.
La llegada masiva de venezolanos desde hace casi una década obligó a cambiar esa tradición. Desde 2017 se abrieron mecanismos de regularización y en 2021, por el liderazgo de la Defensoría del Pueblo, se creó el Estatuto Temporal de Protección. Ambas normas entendieron que regularizar es también reducir la informalidad al permitir el acceso a trabajo, salud y educación de quienes llegan.
Pero una política migratoria tiene dos caras. Mientras una decide quién entra, la otra debería evitar que muchos se vayan y tratar que otros vuelvan. A la segunda se le ha hecho el quite.
Aunque la diferencia entre quienes salen y entran cada año no equivale a la emigración definitiva, si es un indicador. Según ese dato, la desbandada de colombianos alcanzó su pico en 2022 y 2023 con 498.620 y 445.590 salidas más que entradas, respectivamente. En 2024 el saldo bajó a 314.242 y en 2025 a 136.183, incluso por debajo de los 227.154 de 2019. Pero la intención de irse sigue ahí: según una medición de Invamer en 2024, la mitad de los encuestados había pensado en abandonar el país. La Encuesta Nacional de Demografía de 2025 mostró que el 70 % de quienes emigran lo hace por falta de trabajo formal.
No todos los que se van la pasan bien afuera, pero aun así no dejan de mandar plata. En 2025 entraron más de 13.000 millones de dólares en remesas: 500 millones más que los aportados por el petróleo. Un dato que ratifica que uno de los mayores productos de exportación, sin considerar la coca, es la gente.
Que quienes se van quieran volver pasa por desarrollar la economía, luchar contra la pobreza, disminuir la violencia, levantar ciudades amables y construir un Estado en el que montar una empresa, conseguir una cita o reclamar justicia no sea un desgaste infinito. Convertir a este país en un lugar del que no haya que salir corriendo para encontrar seguridad, bienestar, justicia o futuro es poner a los colombianos primero. Porque una buena política migratoria no se mide solo por cuántas entradas logra evitar, sino por cuánta gente prefiere quedarse o sueña con volver.
Por Lariza Pizano
