Como era previsible, pasaron cuatro años entre campaña y campaña, y el futuro de la avenida con más historia de Bogotá otra vez quedó sin definirse.
Entre las razones de la fealdad de la séptima —exceptuando el tramo entre la 87 y la 99, en donde la montaña impide los grafitis— están la inestabilidad de las propuestas para arreglarla y las atravesadas de jueces, motivadas por ciudadanos prestantes y por políticos, a la planeación de largo plazo. No les gustan los buses, las bicicletas, los andenes ni los carros, y cualquier tutela o acción popular en lo que consideren que atenta contra su estatus es resuelta por jueces inexpertos en detrimento de las ciudades.
En Colombia, Sergio Montero, siendo profesor de Desarrollo Urbano en los Andes, estudió a fondo la judicialización del urbanismo, en particular uno de los casos más dramáticos para la séptima: la decisión de un juez, en 2019, de admitir una acción interpuesta por vecinos del lujoso edificio Altos de la Cabrera para detener la construcción de la troncal de Transmilenio. Argumentaron los vecinos que la obra vulneraba el ambiente sano.
Hoy la vía sigue siendo una de las más contaminadas en horas pico, no tiene andenes, árboles, fachadas históricas, patrimonio ni nada, solo esmog, basura y trancones. Quienes se han opuesto a hacer algo allí no han tenido consideraciones éticas ni morales para atentar contra los más pobres. Porque quienes ponen las demandas no son los ciudadanos de San Cristóbal o El Codito; son, como dice Montero, de clase media educada, políticos o privilegiados, como quienes habitan en Altos de la Cabrera. Ellos, a pesar de vivir en un terreno en el que habría una reserva vial, terminaron afectando a más de 30.000 personas que cada hora se mueven en transporte público por la séptima.
Ahora, independientemente de las ventajas o desventajas urbanísticas del corredor verde planteado por la administración actual, vuelve la incertidumbre. Las licitaciones de dos de los cinco tramos para intervenir la avenida quedaron desiertas, en parte porque los eventuales contratistas se mostraron nerviosos frente a la inestabilidad jurídica. Un mes antes un juzgado había admitido una acción popular interpuesta por un excandidato a la Cámara y por un candidato a edil de la localidad de Chapinero, una de las más ricas de la ciudad, quien tiene por propuesta “joder por ustedes”.
Ni el miedo a la inestabilidad jurídica es gratuito, ni este es un tema nuevo. A Samuel Moreno no le gustaron los diseños que en 2007 encargó Garzón para el Transmilenio por la séptima; optó por una troncal liviana que después reemplazó Petro por la idea de un “metro liviano”. Como nada sucedió, volvió Peñalosa con su idea de los buses y fue entonces cuando reaccionaron los vecinos de La Cabrera.
A esto se suma la indefinición del metro. Petro acaba de insistir en que visitará a los chinos para convencerlos de que la primera línea sea subterránea. Como si no fuera suficiente con la judicialización, después de la maravillosa continuidad que vivió Bogotá en los años 90, la planeación de las ciudades —en teoría tan técnica— ahora también se polariza.
Por Lariza Pizano
