El “libro blanco” de Elsa Noguera

La ministra de Transporte de Abelardo de la Espriella es reconocida, especialmente en medios nacionales, como la cara técnica del clientelista clan Char. Justamente, en representación de esa maquinaria que le movió votos al nuevo presidente fue nombrada Elsa Noguera, cuya cartera será fundamental en la reconstrucción de las zonas afectadas por el doloroso terremoto del 10 de agosto.

Varias cuentas pendientes con la gente del Atlántico, tras su paso como gobernadora entre 2020 y 2023, evidencian no obstante que Noguera no es tan eficiente como la venden. O, mejor: es eficiente, además y quizás sobre todo, para poner a operar el proyecto de sus jefes políticos. El “modelo Char”: una forma de poder en la que el Estado es usado para apalancar negocios que benefician a una élite propia y endogámica, y no siempre tienen el valor público que se pregona.

Cuando la ministra era gobernadora, millonarios contratos públicos terminaron en manos de allegados a los Char, como amigos de parranda del alcalde Álex Char y empresas de los Gerlein, viejos socios políticos de los Char en el escándalo de corrupción electoral por el que fue condenada Aída Merlano y llamado a juicio Arturo Char.

En parte de esa multimillonaria contratación, también aparecen nombres relacionados con la telaraña de relaciones del corrupto Emilio Tapia, la familia de un dudoso contratista de la corrupta multinacional Odebrecht, un joven ingeniero que, al momento de ganarse el contrato de obra, no estaba matriculado como tal, y hasta un hombre que firma como gerente y se presenta en hojas de vida como conductor.

Hablo en concreto de un poco más de 206 mil millones de pesos, adjudicados en cuatro contratos, cuyas obras años después siguen sin terminarse o sin prestar integralmente su servicio a la comunidad. Varios de esos proyectos fueron entregados a través de una empresa de economía mixta —un mecanismo típico de este modelo, que dificulta seguirle el rastro a la plata pública— llamada Edubar, que está gerenciada hace años por la hermana media (Angelly Criales) de un primo de Álex Char (Miguel Char Criales). Y aquí, señor lector, puede empezar a insertar la famosa imagen de los Spiderman señalándose entre sí.

El primer contrato ($21.322 millones) fue para hacer el Mercado de la Sazón y Artesanías del Atlántico, anunciado por Noguera como la supuesta vitrina para conocer la riqueza cultural y gastronómica del departamento. Se firmó en febrero de 2022 y debía quedar listo en mayo de 2023, pero faltando un mes para eso los trabajos se suspendieron por fallas en su planeación. Luego de una adición de recursos y una segunda suspensión, la entrega quedó pactada para enero de 2024. Pero pasó enero, febrero, todo 2024, y 2025, y apenas en abril de 2026 la estructura fue finalmente culminada. Aunque, el Mercado permanece cerrado y sin uso cuatro y medio después de que se pusiera su primera piedra, según la Gobernación, debido a que aún no está lista la vinculación comercial de los artesanos y cocineros.

Una de las tres empresas (BF Construye S. A. S.) de la unión temporal que tuvo a cargo estos trabajos es de un ingeniero llamado Francisco Dugand González. Otra (Constructora ATV S. A. S.) es de la familia de otro ingeniero llamado Sergio Torres Reátiga. Dugand y Torres han sido megacontratistas de Barranquilla en la era Char. Pero, además, Francisco Dugand y un hijo de Sergio Torres, llamado Javier Torres Vergara, son reconocidos amigos de parranda de Álex Char.

En esta foto, de una época decembrina hace varios años, se pueden ver en los círculos a Dugand, Torres Vergara y Char. Los acompañan, entre otros, Héctor Amarís “el Oso Yogui” (en el piso, haciendo la v con los dedos), entonces mandadero y hombre de confianza de Álex Char, que el año pasado aseguró en una carta pública que conocía de “prácticas corruptas lideradas por Alejandro Char” y las iba a denunciar ante la Fiscalía, aunque al final decidió guardar silencio. Y, abrazando al Yogui, Miguel Char Criales, primo de Char y hermano medio de la gerente de la empresa mixta Edubar, que maneja la contratación charista. El primer primerísimo círculo o, de nuevo, la imagen de los Spiderman que se miran a sí mismos.

Los Spiderman

Foto: Archivo Particular

Y hay más: Francisco Dugand y Javier Torres Vergara fueron contratistas de la concesionaria Ruta del Sol, con un consorcio al que en 2014 Odebrecht le giró casi 9.400 millones de pesos para obras que, según la Fiscalía en 2019, no se hicieron pero sí se pagaron. Esa fue la misma época en la que Odebrecht simulaba contratos para pagar sobornos a políticos. De hecho, ese consorcio, llamado Torrosa, aparece en el listado que el fallecido Jorge Enrique Pizano entregó de empresas que recibieron pagos sin evidencia de labores realizadas.

Javier Torres fue llamado por estos hechos a una diligencia de imputación de cargos que se aplazó tres años y, finalmente, fue archivada. Su abogado era Iván Cancino, que en ese momento era abogado también de los Char. Cancino hoy es ministro de Justicia y compañero de Elsa Noguera en el gabinete de Abelardo de la Espriella, quien también fue abogado de Álex Char. Los Spiderman.

El segundo contrato del “libro blanco” de Noguera ($ 15.918 millones) fue para hacer los alcantarillados de dos corregimientos, uno del municipio de Sabanalarga y otro del municipio de Campo de la Cruz. Se firmó en marzo de 2022, los trabajos debían entregarse en abril de 2023 y todavía los campesinos los están esperando. Durante todo este tiempo, el proyecto registra prórrogas, una suspensión, una adición por fallas en los diseños y una promesa reiterada en la que insistió la Gobernación cuando la consulté para esta investigación: ya casi están listos los alcantarillados.

Por si fuera poco, a este contrato le aparece autorizado un anticipo para el contratista, una práctica que no es ilegal, pero sobre la cual los organismos de control y Transparencia por Colombia recomiendan mucha vigilancia y justificación, justamente para garantizar que la plata se destine efectivamente a las obras y no al bolsillo de ningún particular.

Las dos empresas (Construcorp S. A. y Obraci Construcciones S. A. S.) que conforman el consorcio que se ganó este negocio pertenecen al grupo económico de los Gerlein. De hecho, en el expediente del proceso contractual hay registro del nombramiento como representante legal de Juan Manuel Cuello Gerlein, nieto del empresario Julio Gerlein.

Los Gerlein fueron una poderosa casa política y son un grupo económico de estrechos lazos y alianzas con el clan Char. En la era Char, Valorcon, la que fuera la principal empresa del grupo, ha sido megacontratista de Barranquilla. Mientras, al tiempo, su líder, el señor Julio Gerlein, era el gran socio electoral de los Char, como por ejemplo cuando en 2018 se unió políticamente a los Char para hacer senadora a Aída Merlano.

El tercer y cuarto contrato pertenecen al mismo proyecto, que es el más caro: una moderna conexión vial conocida como “la Gran Vía”, entre Barranquilla y Puerto Colombia, que ha costado en total $ 169.722 millones. Fue anunciada por Elsa Noguera en 2022 como el proyecto que impulsaría “el desarrollo turístico, la conectividad y competitividad del Atlántico”, pero hoy tampoco ha sido terminada en su totalidad. El primer tramo fue terminado pero registró tres años de atraso, en los cuales se oyeron innumerables quejas de las comunidades que han padecido calles reventadas, andenes llenos de arena y trancones. El segundo tramo debía estar listo hace dos años, con el trabajo de un consorcio que ha sido objeto de procesos administrativos por asuntos como maquinaria en mal estado, incumplir las normas de seguridad industrial y el no pago a tiempo de los aportes al sistema de seguridad social.

Entre los contratistas de ese segundo tramo hay empresas que tienen vasos comunicantes con el entramado del corrupto Emilio Tapia. Una se llama Mavicon Construcción e Ingeniería S.A.S, fue constituida en 2015 en Sahagún (Córdoba) —municipio conocido por ser la tierra natal de Tapia, entre otras— y en los siete años siguientes cambió tres veces de razón social y ocho veces de dueños, mientras participaba en negocios públicos. Uno de los nombres de la compañía en ese tiempo fue el de Proctor Construcciones, cuyo dueño en ese momento era Mateo Stunkel Lascarro, un nombre vinculado en investigaciones periodísticas a Ottomar Lascarro, condenado este año en el caso de Centros Poblados.

En ese historial de vestidos de una misma empresa, también está el accionista Wilmer Javier Padilla Ruiz asociado a una cédula junto a la cual aparece firmando como gerente de una sociedad (en un documento en la página de Edubar) y como bachiller de oficio conductor (en una hoja de vida subida a la plataforma Scribd).

Otra de las empresas contratistas es Planeta, Proyectos y Obras S.A.S, que al momento del contrato con la gobernación de Elsa Noguera pertenecía a dos compañías representadas por un empresario español llamado Juan Ramón Hernández, a quien el periódico El Tiempo ubica en una investigación también como parte de la red empresarial relacionada con el corrupto Emilio Tapia.

Como si faltaran datos llamativos, la tercera empresa contratista de la segunda fase de “la Gran Vía”, llamada Compañía de Trabajos de Ingeniería Cotraing S.A.S., presentó una oferta firmada por un ingeniero de nombre Cesar Augusto Caro Pinilla que al momento de suscribir el documento no aparecía como ingeniero matriculado.

La Gobernación, hoy en cabeza de Eduardo Verano, también aliado de los Char, atribuye parte de los retrasos de la segunda fase de “la Gran Vía” a la cantidad de redes de servicios públicos que han debido ser reubicadas y a ajustes de ingeniería, y no da fecha definitiva de entrega integral de todo.

Esta historia es un retrato del “modelo Char”, que Elsa Noguera, quien fue alcaldesa, llevó al Atlántico cuando se convirtió en gobernadora y ahora se extenderá a toda Colombia con el presidente de los poderosos de Barranquilla.