El sesgo de Petro con la luz del Caribe

El Gobierno de Gustavo Petro no está dispuesto a poner un peso en ninguna inversión que redunde en ganancia para los operadores del pésimo servicio de energía en el Caribe. Considera que suficientes salvavidas tiraron los gobiernos pasados a esos privados; por ejemplo, asumiendo su billonaria carga laboral, el servicio nunca mejoró y la salida no puede volver a pasar por el traslado de plata pública a particulares. “No podemos regalar el dinero, esa no es infraestructura pública, sino privada”, me dijo el ministro de Minas, Andrés Camacho, para esta columna. Suena razonable. El problema, la tragedia para diez millones y medio de habitantes de una región en la que se trabaja para comer y pagar la luz, es que la solución definitiva a años de mala prestación y altas facturas depende de unas inversiones para mejorar los rezagados sistemas de transmisión y distribución regional y local. Y la única que tiene la decisión política y los recursos para hacerlas ya es la nación.

El Gobierno de Gustavo Petro no está dispuesto a poner un peso en ninguna inversión que redunde en ganancia para los operadores del pésimo servicio de energía en el Caribe. Considera que suficientes salvavidas tiraron los gobiernos pasados a esos privados; por ejemplo, asumiendo su billonaria carga laboral, el servicio nunca mejoró y la salida no puede volver a pasar por el traslado de plata pública a particulares. “No podemos regalar el dinero, esa no es infraestructura pública, sino privada”, me dijo el ministro de Minas, Andrés Camacho, para esta columna. Suena razonable. El problema, la tragedia para diez millones y medio de habitantes de una región en la que se trabaja para comer y pagar la luz, es que la solución definitiva a años de mala prestación y altas facturas depende de unas inversiones para mejorar los rezagados sistemas de transmisión y distribución regional y local. Y la única que tiene la decisión política y los recursos para hacerlas ya es la nación.

En el relato de un problema de profusa complejidad, y aun cuando existen otros factores para explicar el aumento reciente en los recibos, son las históricas fallas de esa infraestructura las que ayudan a entender los continuos cortes y las llamadas “pérdidas técnicas” que ahora se les cobran directamente a los usuarios. Gremios y expertos coinciden en esa causa estructural, y en la necesidad de que, además, el Gobierno Nacional saque unos $3 billones del Presupuesto Nacional para pagar la deuda que actualmente tienen los usuarios de energía del Caribe y un promedio de las pérdidas.

El Gobierno responde diciendo que tiene una mesa técnica definiendo medidas, como el decreto para que en las facturas queden discriminados los cobros de alumbrado y seguridad. Respecto a la deuda de los usuarios, que se generó cuando en pandemia el gobierno de Iván Duque pidió congelar la tarifa, la administración de Petro gestionó con Findeter $2 billones para refinanciarla y está buscando una metodología de manera que las comercializadoras puedan cobrar esos recursos a los clientes, pero sin hacerles grandes incrementos. Es decir, y en sintonía con su decisión de evitar cualquier inversión que pueda beneficiar a los privados, la obligación seguirá en cabeza del usuario.

La apuesta grande, la solución a largo plazo ofrecida, es la consabida promesa petrista de avanzar hacia una transición energética. La idea es hacerlo con programas de implementación de energías renovables, liderados en algunos casos por generadoras públicas que concreten la idea del presidente de que es el Estado, y no los privados, el que debe prestar los servicios públicos. Esa convicción, y su obsesión por luchar contra las mafias, ha revelado en varias ocasiones un sesgo antiempresarial de Petro. Curiosamente, ese sesgo no aplica para los amigos de Petro. Así lo evidencian los contratos que, por un total de $164 mil millones, le entregó el Gobierno al empresario Euclides Torres, quien apoyó la campaña Petro en el Caribe, justamente para instalar páneles solares en esa región. Según una investigación de La Silla Vacía, los negocios para supuestamente avanzar hacia el remedio a lo que ocurre con la energía -al menos el remedio que propone Petro- se adjudicaron a la malla empresarial de ese financista sin competencia real, con condiciones favorables y hasta inflando precios.

Gustavo Petro está lejos de ser el culpable de este drama social que heredó y en el que los costeños nos sentimos secuestrados. La repartición de culpas, en el Caribe lo sabemos, arranca con una dirigencia local que lo permitió por acción u omisión y pasa por las incompetencias y desprecios de varios otros gobiernos nacionales. Pero hoy es quien tiene la capacidad de resolver. Y así va lo que propone.